📸 Imagen cortesía: Ron Lach vía Pexels
¿Infancia en jaula?
Este martes 4 de junio, en el Congreso de Colombia, se presentó un proyecto que podría prolongar hasta 60 años la cárcel para menores entre 14 y 18 años que cometan delitos graves.
El representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar Meneses, fue quien radicó el proyecto de ley 025 de 2025 en Bogotá. La propuesta busca equiparar las penas de los adolescentes con las de los adultos en delitos como homicidio, secuestro, extorsión, delitos sexuales y terrorismo, que hoy tienen un límite máximo de ocho años en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Este cambio legislativo surge en medio de una ola de indignación nacional tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, cuyo agresor, un menor de edad, fue condenado a solo siete años de prisión, lo que enciende el debate sobre la justicia para menores implicados en crímenes atroces.
Según Villamizar, la iniciativa responde a la creciente participación de adolescentes en la criminalidad y su uso como “instrumentos” por parte de organizaciones ilícitas. “Un asesino, así sea menor de edad, no puede quedar en libertad en solo siete años. Eso es una burla para Colombia. Con esta reforma buscamos penas iguales para adultos y menores que cometen delitos atroces”, afirmó el congresista, reflejando la desconfianza hacia el actual sistema penal juvenil.
El proyecto cuenta con el respaldo de legisladores como Piedad Correal y Luz Pastrana, esta última señaló: “Durante años, la criminalidad ha utilizado a nuestros niños como instrumentos del delito. Por eso, nos unimos a esta iniciativa que busca frenar esa instrumentalización y proteger la infancia.” Sin embargo, el texto legal pretende mantener ciertos elementos humanitarios del régimen penal especial vigente, en busca de un delicado equilibrio entre protección y castigo.
¿Será esta reforma un paso necesario hacia la seguridad ciudadana o un agravamiento que deje un vacío ético en la protección de la infancia? La discusión apenas comienza, pero lo cierto es que la sociedad colombiana enfrenta un dilema entre la urgencia de justicia y el desafío de respetar los derechos de sus jóvenes. Mientras tanto, la patria espera si la ley podrá conjurar la sombra de la violencia sin sepultar la esperanza.
