Cortesía Gobernación de Antioquia
Contraloría imputa cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por presunto detrimento en proyecto de ciclorrutas en Oriente antioqueño
La Contraloría General de Antioquia formuló cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por presunto detrimento patrimonial relacionado con un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño, durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. El caso se concentra en un contrato por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) e Indeportes Antioquia, del cual se pagaron 26.186 millones sin que las obras se ejecutaran conforme a lo pactado.
El proyecto fue anunciado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), con una inversión inicial cercana a 25.000 millones de pesos, y buscaba conectar los municipios de Rionegro y Marinilla mediante una red de ciclorrutas para mejorar la movilidad regional. Sin embargo, la Contraloría detectó fallas de planeación y etapa precontractual que derivaron en la firma de contratos cuyos resultados no cumplieron los objetivos, a pesar de que los anticipos fueron entregados a las empresas Ingecon e IDC.
Además del gobernador Rendón, se imputaron cargos a Rodrigo Hernández, gerente actual de Viva; exgerentes; siete funcionarios de Indeportes Antioquia; la contratista Construcciones e Inversiones SAS y la aseguradora internacional Axa. La investigación busca esclarecer responsabilidades por el manejo de recursos públicos y recuperar posibles perjuicios al patrimonio estatal.
La formulación de cargos se conoció el 30 de diciembre de 2025 en la mañana y fue asumida con poder preferente por la Contraloría General de la República. Esta entidad envió copias a la Fiscalía para evaluar eventuales implicaciones penales. Por su parte, organizaciones ciudadanas como la Veeduría al Central Park habían advertido irregularidades desde hace más de cinco años, principalmente por dificultades en la adquisición de predios relacionados con las obras.
El gobernador Rendón rechazó las imputaciones y denunció un “tinte político” en la acción de control, atribuida a la contralora saliente por una negación a crear cerca de 200 cargos en la Gobernación. Señaló que «se hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones», por lo que solicitó la nulidad del proceso. La Gobernación precisó que el contrato está vigente y en ejecución bajo la actual administración, con origen en un proceso archivado de la gestión del exgobernador Luis Pérez.
La Contraloría de Antioquia mantiene abierto el proceso judicial para determinar consecuencias legales mientras la comunidad del Oriente antioqueño espera respuestas concretas sobre los recursos y la finalización de las ciclorrutas. Este caso se suma a otra investigación vigente contra Rendón por presuntas irregularidades en centros de policía en Rionegro.
