En Colombia, los ataques con drones armados han dejado 58 miembros de la Fuerza Pública muertos y casi 300 heridos durante 2025, según reportó el presidente Gustavo Petro a finales de diciembre. Esta nueva amenaza genera una escalada preocupante en el conflicto armado, dificultando el control del espacio aéreo nacional.
Entre abril de 2024 y noviembre de 2025 se registraron más de 382 atentados con drones cargados de explosivos en varias regiones del país. Según el Ejército Nacional, el primer ataque ocurrió en el departamento del Cauca en abril de 2024, y desde entonces los episodios han ido en aumento, llegando al más grave a mediados de diciembre en la Base Militar de Aguachica, Cesar. En ese último hecho, atribuido al frente Camilo Torres del ELN, siete soldados murieron y 30 más resultaron heridos.
“El narcotráfico ahora tiene la supremacía aérea con drones que compran por miles y equipan para atentar contra nuestra seguridad”, afirmó el presidente Petro durante una ceremonia en Bogotá el 29 de diciembre. Esta situación representa un cambio sustancial en la dinámica del conflicto, obligando a las fuerzas de seguridad a adoptar nuevas tácticas y tecnologías para enfrentar este problema.
Ante esta creciente amenaza, el Gobierno destinó alrededor de un billón de pesos para la adquisición inmediata de drones y sistemas antidrones. Petro indicó que estos equipos se distribuirán a lo largo y ancho del territorio nacional, con el fin de retomar y fortalecer el control del espacio aéreo. Por su parte, el Ministerio de Justicia anunció el reinicio del programa de aspersión aérea con glifosato en cultivos ilícitos, usando para esto drones a baja altura operados por la Policía Nacional. Según el ministro Andrés Idárraga, esto reducirá los riesgos asociados a la aplicación tradicional a grandes alturas.
Especialistas advierten que el conflicto armado colombiano ha cambiado su paradigma, pasando de enfrentamientos ideológicos a disputas por el control territorial y los ingresos ilícitos, particularmente en zonas con cultivos de coca. Este replanteamiento exige que la Fuerza Pública repiense la estrategia de seguridad para hacer frente a una guerra tecnológica en manos de grupos ilegales.
La Alcaldía recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales y respetar las zonas en alerta por operaciones de control aéreo. Los organismos de seguridad continúan monitoreando el territorio para mitigar cualquier amenaza proveniente de estas nuevas tácticas usadas por el narcotráfico y grupos armados ilegales.
