Donald Trump convocó este viernes a más de veinte directivos de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca para solicitar una inversión mínima de 100.000 millones de dólares en la renovación de la industria petrolera venezolana. La iniciativa, respaldada con promesas de protección y seguridad por parte del Gobierno estadounidense, busca garantizar la rentabilidad de los proyectos.
El encuentro se llevó a cabo la tarde del viernes 9 de enero de 2026 en el Salón Este de la Casa Blanca, en una reunión a puerta cerrada. Asistieron representantes de firmas como Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Halliburton, Valero, Marathon, Shell, Eni, Trafigura, Vitol y la española Repsol, que continúa siendo la única gran empresa española activa en el sector energético de Venezuela.
Trump planteó que las grandes petroleras empleen sus propios recursos, sin fondos públicos, en un plan para revitalizar la producción venezolana. Aseguró que el Gobierno de Estados Unidos brindará apoyo político e institucional para una respuesta financiera positiva. Adicionalmente, propuso que el país comience a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano aprovechando las refinerías ubicadas en Texas y Luisiana, que tienen capacidad para procesar crudo pesado.
La reunión se da en medio de la penetración militar que permitió a Estados Unidos tomar control efectivo en el área petrolera de Venezuela, que posee más de 300.000 millones de barriles en reservas comprovadas, la mayor cifra mundial según la OPEP. Sin embargo, su producción actual es limitada por el deterioro de infraestructuras y años de inestabilidad política y social.
“Este plan forma parte del interés nacional de Estados Unidos”, manifestó Trump, destacando que la explotación del petróleo venezolano ayudaría a reducir los precios de combustible para los consumidores estadounidenses y frenar la influencia de actores externos, como China y Rusia, en dicho mercado. No obstante, algunas compañías expresaron preocupación por la incertidumbre política y el riesgo de expropiaciones en Venezuela, por lo que exigieron garantías legales y financieras antes de asumir compromisos de inversión a largo plazo.
Se espera que este proceso de inversión y producción avanzada continúe siendo monitoreado para evaluar los impactos en el precio del combustible y la estabilidad política de la región. La Casa Blanca aboga por la coordinación con las empresas para avanzar en este plan estratégico.
