Gobierno de Petro implementa el impuesto al patrimonio más alto del mundo para financiar presupuesto de 2026
El presidente Gustavo Petro emitió el Decreto Legislativo 1474 el 29 de diciembre de 2025, estableciendo un impuesto al patrimonio con tasas de hasta el 5%. La medida busca recaudar cerca de 16 billones de pesos para cubrir el déficit presupuestal proyectado para 2026, afectando a más de 100 mil personas con patrimonios superiores a 40.000 UVT, equivalentes a 2.095 millones de pesos.
La norma reduce el umbral del impuesto de 72.000 UVT a 40.000 UVT, ampliando así la base de contribuyentes en un 1,7%. Las tarifas inician en 0,5% y llegan hasta 5% para contribuyentes con patrimonios mayores a 2.000.000 UVT. Para el cálculo, se considera el patrimonio bruto menos deudas. Además, el paquete incluye aumentos en el IVA para licores y vinos, una sobretasa del 15% al impuesto de renta del sector financiero, un impuesto especial al sector de hidrocarburos y carbón, además de ciertas exenciones y alivios fiscales.
Estas disposiciones aplican desde el 1 de enero de este año en todo el territorio nacional. Algunas medidas, como los anticipos de la sobretasa financiera, tienen vencimientos en abril y junio de 2026. La Corte Constitucional tiene en estudio la legalidad de la norma, por lo que podría modificarse su aplicación.
Según el gobierno, estas medidas transforman la política fiscal para mejorar la financiación de educación, salud y programas sociales, mitigando el endeudamiento y superando obstáculos posteriores al tramo aprobado en el Congreso. Petres lo explicó así: “Lo saludable económicamente es subir impuestos, no a las mayorías, sino a los más ricos”.
Especialistas señalan los posibles efectos negativos sobre la inversión extranjera y el empleo, calificándolo como un impuesto «confiscatorio». Sin embargo, el foco central queda centrado en las grandes fortunas y las tasas progresivas para más ricos. La noticia fuentes oficiales vinculadas han destacado que estas decisiones buscan aminorar desequilibrios fiscales, permanecerán sometidas a revisión y requieren vigilancia por sus consecuencias económicas y sociales.
La Presidencia instó a la ciudadanía a mantenerse informada y acatar los cambios para cuidar las finanzas públicas, mientras la Corte define su destino gan enjuego la constitucionalidad y el sistema tributario nacional.
