📸 Cortesía: Presidencia de Colombia
En año electoral, presidente Petro prohíbe despidos masivos en la función pública antes de la Ley de Garantías
En las últimas horas de este mes de enero, el presidente Gustavo Petro emitió una circular solicitando a todas las entidades de la Rama Ejecutiva evitar despidos masivos de empleados públicos antes del 31 de enero, día en que entra en vigor la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales.
La orden oficial se dio a conocer a través del Departamento Administrativo de Presidencia de la República y hace énfasis en que cualquier desvinculación debe estar sustentada en causas objetivas y verificables. Esto con el fin de proteger la estabilidad laboral y evitar que el empleo público sea manipulado con fines políticos en la temporada electoral que culminará con la posible segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio de 2026.
“La labor en talento humano debe ser conducida con prudencia y responsabilidad, respetando la dignidad y derechos de los trabajadores”, señaló Juan Martín Santos, director de la Función Pública. “Se exhorta a no tomar decisiones arbitrarias que afecten el servicio ni condicionen los procesos políticos”.
Esta instrucción se produce en contexto de preocupación por denuncias de millonarias contrataciones a último momento, señaladas como la llamada “feria de contratos corbata”, especialmente en ministerios como Salud e Igualdad. Por ejemplo, mediante denuncias legales se ha puesto en evidencia contratos por más de 70 mil millones de pesos en el Ministerio de la Igualdad vinculados a más de 3.300 personas, simultáneos con las consultas preelectorales.
Previo a esta medida, figuras públicas solicitaron llamar al equilibrio respecto al despido de hasta 661.000 contratos de prestación de servicios, lo cual generaría supuesta favorabilidad electoral para el gobierno actual a través del llamado Pacto Histórico. Este tiene que ser evitable ante las prohibiciones de la Ley durante la cuarentena electoral.
La Alcaldía de Bogotá y entidades nacionales hacen el llamado al sector público para que la medida se respete a cabalidad y se garantice el correcto desarrollo del proceso electoral. Asimismo, la población está en alerta para denunciar posibles abusos tanto en vinculaciones como desvinculaciones que puedan eventual y artificialmente influir en la asistencia y resultado de los comicios.
Se esperarán futuras acciones de vigilancia y audiencias públicas para monitorear la transparencia en las administraciones públicas, a fin de medir rápidamente y mitigar cualquier anomalía de influencia en la burocracia electoral en todo el país.
