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El 8 de enero de 2026, una acción de tutela fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá para solicitar la suspensión provisional de los decretos 1469 y 1470, que fijan el salario mínimo para este año en 1.750.905 pesos mensuales, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que representa un aumento del 23,78 % respecto a 2025, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro.
La tutela, impulsada por Alexander Donato Rondón con el exmagistrado Alejandro Linares Cantillo como apoderado, argumenta que el Gobierno vulneró el debido proceso y la concertación tripartita establecida en el artículo 53 de la Constitución. Según los demandantes, no hubo un diálogo efectivo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales entre el Estado, empresarios y trabajadores para definir el incremento.
El documento de 25 páginas alerta que este aumento, basado en el concepto de salario vital fundamentado en estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo y el DANE, desconoce la realidad económica y pone en riesgo la sostenibilidad de las micros, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la tutela, estas podrían enfrentar cierres, despidos y aumento de la informalidad, además de un impacto fiscal estimado en 5,3 billones de pesos para 2026 por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. «Los pequeños negocios tendrían que elegir entre reducir jornadas, eliminar empleos o enfrentar la quiebra», señalaron sus autores.
El viceministro de Trabajo, Gabriel Rondón, rechazó la acción judicial y la calificó de acto de «mezquindad y clasismo», afirmando que al no existir acuerdo en la comisión, el decreto presidencial es válido conforme a la ley. Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, respaldó la decisión gubernamental y desestimó las críticas jurídicas. Además, congresistas del Pacto Histórico expresaron su apoyo, advirtiendo que el aumento beneficia a más de 3 millones de trabajadores. El mandatario Gustavo Petro sostuvo que el alza responde a la obligación constitucional de garantizar un «salario vital» basado en la canasta mínima para evitar la pobreza e informó que promoverá un proyecto para mantener este criterio en el futuro.
De modo complementario, el Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional la anulación del decreto. La decisión sobre la tutela, en medio de un panorama inflacionario proyectado en 6,5 % para 2026 por este ajuste salarial, está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que evaluará inicialmente la suspensión provisional y posteriormente el fondo del asunto.
Las autoridades llaman a la ciudadanía y a los actores económicos a estar atentos a los próximos pasos legales y al desarrollo de medidas que mitiguen los efectos de la variación salarial en el contexto país.
