📸 Cortesía: Senado
Roy Barreras cuestiona Gobierno por supuesto espionaje a comunicaciones de ministro de Justicia
El precandidato presidencial Roy Barreras manifestó preocupación por la denuncia de espionaje contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien señala al Ministerio de Defensa como responsable de la interceptación ilegal de sus comunicaciones entre agosto y noviembre de 2025 en Bogotá.
El informe forense presentado por Idárraga evidenció más de 8.700 intrusiones a su teléfono, durante las cuales se extrajeron 2,3 gigabytes de información privada, usando ilegalmente cámaras y micrófono en 124 ocasiones. Según el ministro, la infraestructura utilizada correspondió a gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército. Además, señaló al sargento Darwin Ramírez, relacionado con la oficina del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como posible responsable de la operación.
La situación generó malestar en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El ministro Sánchez desde Estados Unidos expresó plena confianza en Idárraga, convocó una Junta de Inteligencia Conjunta y fomento se organizaciones como Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para investigar y ofrecer protección. En redes sociales, insistió en que las labores de inteligencia deben operar bajo la Ley Estatutaria 1621 de 2013 y otros decretos que prohíben el uso de interceptaciones ilegales, facultad reservada exclusivamente a la Policía Judicial.
Barreras destacó la valentía de Idárraga y acusó a los circulos internos de conflicto de debilitar la estabilidad gubernamental y abrir camino a la oposición de derecha. El también embajador en Reino Unido exhortó a la Fiscalía a actuar con autonomía y aceleración en las investigaciones. Subrayó que la continuidad del actual gobierno implica garantizar un cambio seguro frente a riesgos de retrocesos políticos ligados a filtrar y manipular información oficial.
Ante esta emergencia, las autoridades lanzaron investigaciones formales y reforzaron la vigilancia en entes de inteligencia. El caso revive debates por el uso del software Pegasus tras denuncias previas y solicitudes cada vez más estrictas para prevenir filtraciones transversales que afectan la confianza en el Estado y sus funcionarios públicos.
La Alcaldía y organismos en Bogotá recomiendan a funcionarios judiciales mejorar protocolos de protección digital y denunciar irregularidades, mientras sigue el cotejo de pruebas para rastrear responsabilidades y eventuales amenazas a las instituciones.
