📸 Cortesía: Joel González – Presidencia de Colombia
Juez de Bogotá conserva el aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá negó la suspensión provisional del decreto que aumentó el salario mínimo para 2026, manteniendo vigente un alza del 23,7 % decretada por el Gobierno desde el primero de enero. La decisión fue tomada el miércoles 14 de enero tras rechazar la solicitud presentada por el exmagistrado Alejandro Linares, quien actuaba en representación de un comerciante.
El decreto presidencial 1.469, expedido el 29 de diciembre de 2025, fijó el salario mínimo mensual legal en 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, para un total cercano a 2 millones. La tutela alegaba que no se respetó el debido proceso ni el principio tripartito en la negociación. Linares argumentó un posible perjuicio para las mipymes, el comercio informal y afectaciones al empleo, además de invadir competencias del Congreso. La acción había sido presentada contra la Presidencia, el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda.
“Esta decisión reafirma la seriedad de la política económica pese a las críticas”, indicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Enfatizó que el llamado “salario vital” permitirá mejorar la calidad de vida y facilitó el acceso a un crédito internacional de 5.000 millones de dólares con tasa preferencial. Por su parte, el ministro Antonio Sanguino destacó que el Tribunal comprobó que no hubo daño efectivo y calificó el fallo como “el primer intento fallido de tumbar el salario vital”. “Seguiremos defendiendo que el mínimo alcance para vivir mejor”, añadió.
El encareciendo beneficio aplica para aproximadamente 2,4 millones de trabajadores y se fundamenta en la propuesta de “salario vital familiar”, cuyo cálculo implica datos del DANE sobre la canasta básica familiar dividida por los trabajadores activos del hogar. La medida subraya un cambio respecto a las formas tradicionales basadas solo en inflación y productividad. A pesar del rechazo del diálogo tripartito iniciado en diciembre de 2025, el Gobierno mantuvo la magnitud del aumento.
Las autoridades anunciaron que el proceso judicial sigue su curso, pero por ahora, el decreto se mantiene sin suspensión. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre futuras decisiones y medidas que impacten a las economías familiares y empresariales.
