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Irán enfrenta creciente crisis por represión violenta en protestas masivas
En las últimas semanas, las manifestaciones antigubernamentales en Irán dejan al menos 2.000 muertos, en una crisis que afecta a 27 de las 31 provincias debido a la represión por fuerzas de seguridad. La violencia se desató a raíz del colapso económico del rial y la inflación superior al 50%, denuncia el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
Desde el 28 de diciembre de 2025, las protestas contra la difícil situación económica y la corrupción lideradas por mujeres enrumban a un paro general con apoyo en el Gran Bazar de Teherán. “La Guardia Revolucionaria Islámica y la policía usaron fuerza ilegal con armas de fuego, gases lacrimógenos y allanamientos nocturnos”, confirmó la ONG HRANA, mientras resuenan denuncias sobre crímenes sistemáticos y hasta posibles asesinatos que constituyen violaciones al derecho internacional.
El 8 de enero de 2026, el gobierno de Alí Jamenei aplicó un bloqueo total de internet y telecomunicaciones durante protestas en calles como el bulevar Kashani en Teherán y pueblos como Zahedán, restringiendo el acceso a información crítica y dificultando la atención a cientos de detenciones arbitrarias, incluidas menores de edad, con riesgos de torturas y muertes. La activista de derechos humanos Amnistía Internacional recalcó que la respuesta estatal ha sido letal y pidió la liberación inmediata de los presos y el cese de la violencia.
La crisis ha derivado en reclamos internacionales en letras fuertes: la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen advierte sobre sanciones rápidas. Naciones como España, Francia y Alemania convocaron a los embajadores iraníes, mientras Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, impone medidas económicas contra altos mandos responsables. “Estamos horrorizados por esta represión”, aseguró Volker Türk de la ONU refiriéndose a la violencia que genera paralización económica y escasez en Irán.
La presión internacional y la respuesta del régimen permanecen en carpa; autoridades prosiguen con control y han recurrido a grupos armados auxiliares para contener las protestas que mantienen en alerta al mundo. La sociedad civil se mantiene vigilante frente al futuro de un país que exige garantías de derechos humanos y el fin de la crisis humanitaria presente.
