Gobernadores se rebelan y frenan decreto de emergencia

Cuenta oficial de X de la Federación Nacional de Departamentos
Gobernadores de al menos 17 departamentos rechazan nuevo decreto de emergencia tributaria para 2026

Desde el 15 de enero, gobernadores de 17 departamentos dejaron claro que no acatarán varias medidas contenidas en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, aprobado por el Gobierno Nacional para hacer frente a la emergencia económica. La disputa se centra en los aumentos de impuestos al consumo, posiciones que ponen en tensión a los gobiernos regionales con la administración central.

El decreto, expedido el 29 de diciembre de 2025, establece un IVA del 19% sobre bebidas alcohólicas como licores, vinos y aperitivos, además de modificaciones en los gravámenes para cigarrillos y tabaco elaborado que afectan directamente las finanzas departamentales. Estas cargas, según los mandatarios regionales, complican la financiación de salud, educación y obras públicas.

Antioquia, bajo la gobernación de Andrés Julián Rendón, lidera el rechazo al aplicar la figura constitucional de “excepción de inconstitucionalidad” para suspender provisionalmente la aplicación de estas normas mientras la Corte Constitucional define su validez. Rendón aseguró que esta medida impone “una carga desproporcionada” y vulnera la autonomía fiscal de los departamentos.

Además, la movilización se ha articulado con apoyo de la Federación Nacional de Departamentos (FND). Gobernadores como Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca, respaldan la decisión de presentar recursos legales formales para impedir la aplicación del impuesto en sus regiones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que el incumplimiento podría acarrear consecuencias legales para los departamentos. Sin embargo, los gobernadores insisten en que actúan bajo mecanismos constitucionales de control con la Corte Constitucional. El objetivo del Gobierno Nacional al exhortar esta reforma es generar recursos adicionales para el Presupuesto General en 2026, pero la medida enfrenta resistencia colectiva y conflicto institucional.

La Alcaldía y demás autoridades instan a seguir atentos a nuevas acciones para mitigar el impacto de la medida en las finanzas regionales e informan que continuarán coordinando con la comunidad jurídica para garantizar el cumplimiento del marco constitucional.

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