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El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá rechazó la suspensión provisional del decreto que estableció el salario mínimo para 2026, manteniendo vigente el aumento decretado por el gobierno nacional. La decisión afecta directamente a empresarios del sector farmacéutico que solicitaron frenar el incremento.
El auto fue firmado el jueves 15 de enero por el juez Sergio Chauta González, quien negó la tutela presentada por Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional y representante del empresario Alexander Donato. La acción legal cuestionaba la falta de concertación tripartita entre el gobierno, empleadores y sindicatos, además de alegar vulneración del debido proceso por la medida decretada por la Presidencia, los ministerios de Hacienda y Trabajo.
El fallo señaló que no se evidenciaron “perjuicios inmediatos ni imprescindibles” que justificaran una medida anterior a la evaluación del conflicto de fondo. Además, explicó que las tutelas no son mecanismos idóneos para impedir una norma general como el salario mínimo, decretado vía el 1469 de 2025 por el presidente Gustavo Petro después de que fracasaran las negociaciones en la comisión correspondiente.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó a través de sus redes sociales que “no se demostró un perjuicio concreto ni urgencia en la medida, por eso se negó esta solicitud que buscaba tumbar el salario vital.” Los ministerios implicados respondieron a la tutela y esperan la próxima revisión de fondo que determinará estabilidad definitiva de la norma.
En paralelo, el Consejo de Estado admitió el pasado 13 de enero una demanda de nulidad contra el mismo decreto, presentada por Germán Castro Marín. Este위원 anunció que renunció a este proceso por motivos relacionados con su seguridad personal y emocional. La Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado disponen de un plazo de 30 días para emitir sus pronunciamientos.
El reajuste salarial, que comenzó a regir el 1 de enero, beneficia a más de 2,4 millones de trabajadores y busca implementar un “salario vital” conforme a los parámetros de la OIT, a pesar de las críticas gremiales por los posibles efectos inflacionarios y fiscales. Por ahora, mientras el debate jurídico se mantiene abierto, la medida seguirá funcionando en todo el territorio nacional.
