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La Fiscalía radicó demanda de casación para revocar absolución de Álvaro Uribe
Este 15 de enero, la Fiscalía General de la Nación presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una demanda para revocar la absolución del expresidente Álvaro Uribe y restablecer la condena inicial de 12 años por soborno en actuación penal y fraude procesal. La acción fue interpuesta por la fiscal primera delegada ante la Corte, Marlene Orjuela Ramírez, y se sumó a una demanda similar presentada días atrás por las víctimas reconocidas en el proceso.
El recurso jurídico busca que la Corte Suprema revise el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que, por mayoría, absolvió a Uribe al considerar insuficiente la prueba para demostrar que el exmandatario ordenó al abogado Diego Cadena ofrecer beneficios ilícitos a testigos bajo prisión, entre ellos los exparamilitares Carlos Enrique Vélez Ramírez, Eurídice Cortés Velasco y Juan Guillermo Monsalve Pineda. La absolución revocó la condena inicial impuesta el 28 de julio de 2025 por la jueza Sandra Heredia, que ordenó 12 años de prisión domiciliaria, a raíz de contradicciones en testimonios y falta de valoración objetiva en el fallo del tribunal.
En el escrito de 108 páginas, la fiscal Orjuela señala que el tribunal judicial cometió errores de fondo y forma al desestimar pruebas clave, como más de 35 testimonios, informes técnicos y grabaciones telefónicas al celular de Uribe obtenidas durante investigaciones. De acuerdo con la fiscalía, estas pruebas prueban “más allá de duda razonable” que Uribe participó en el patrón sistemático de manipulación de testigos para inclinar el curso judicial contra el senador Iván Cepeda. También subraya el voto salvado de la magistrada María Leonor Oviedo Pinto que respaldó la condena por señalar la existencia de un único plan criminal.
Actualmente el caso espera decisión de la Corte Suprema, que deberá definir si admite la casación. De ser aceptada, el alto tribunal confirmaría la absolución o reactivaría la condena contra Uribe. Este proceso judicial se prolongó por ocho meses en el Complejo Judicial de Paloquemao y mantiene una división en la opinión pública ante su relevancia política. La defensa de Uribe sostiene que la absolución es justa y con base en la ausencia de pruebas directas.
La Fiscalía y las víctimas siguen a la espera de la resolución definitiva para el que será uno de los casos judiciales más seguidos del país. La recomendación a la opinión pública es mantener respeto y confianza en las instancias de justicia.
