Colombia inicia 2026 con deterioro en su seguridad por crecimiento de grupos armados ilegales
En 2025, los grupos armados ilegales en Colombia sumaron 27.121 integrantes, tras la incorporación de más de 5.000 personas solo durante ese año, según informó la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Este aumento representa un crecimiento del 23,5 % frente a 2024, una tendencia sostenida desde 2018 y que pone al país ante un inicio de 2026 con claros indicadores de deterioro en la seguridad.
Del total de integrantes, 13.794 son hombres en armas encargados de acciones militares directas, mientras que 13.327 conforman las redes de apoyo, encargadas de la vigilancia y de asegurar el cumplimiento de las normas de los actores ilegales en sus territorios, señaló la FIP. En cuanto a las organizaciones, el Clan del Golfo presenta el mayor crecimiento, aumentando sus filas en un 30 %, equivalente a cerca de 2.300 personas más en 2025.
Las confrontaciones armadas aumentaron un 34 % en el año pasado, alcanzando los niveles más altos de la década. Actualmente, en 13 regiones del país se presentan enfrentamientos por control territorial, casi el doble de las afectadas al inicio del actual gobierno en 2022. Las zonas de Catatumbo, Cauca, Guaviare y Caquetá están entre las más afectadas, con comunidades sometidas a intensos enfrentamientos, desplazamientos forzados y confinamientos masivos.
El impacto humanitario también es considerable: más de un millón de personas enfrentaron restricciones a la movilidad en 2025, triplicando las cifras de 2024, detalle la Fundación Ideas para la Paz. De manera inédita, se registraron 277 ataques con drones explosivos, principalmente atribuidos a disidencias de las FARC, más del doble frente al año anterior. También se documenta el uso creciente de cámaras ocultas y nuevas tecnologías de vigilancia centradas en monitorear a la Fuerza Pública.
Estas organizaciones criminales dominan cada vez con más fuerza varios aspectos de la vida cotidiana en las comunidades bajo su influencia, imponiendo controles que incluyen carnetización y limitaciones, además de presionar a líderes sociales y tratar de inmiscuirse en la organización comunitaria y el poder local.
Pese a un incremento del 34 % en las acciones de la Fuerza Pública en 2025, la FIP concluye que la estrategia estatal sigue siendo principalmente reactiva. Los grupos ilegales se adaptan con rapidez a las medidas oficiales, mientras la Fuerza Pública muestra dificultades para acomodarse a las nuevas dinámicas del conflicto.
Ante este panorama, la política de Paz Total comienza el año golpeada por escándalos y cuestionamientos sobre su eficacia y alcance. Las autoridades responsables intentan revisar las estrategias para frenar la expansión de estas estructuras ilegales y mitigar su impacto social.
La comunidad está en alerta y la Alcaldía junto a entidades de seguridad recomiendan a la población mantener la vigilancia y cumplir con las indicaciones oficiales. Se aguarda una renovación de los esfuerzos para fortalecer la capacidad estatal en la recuperación de la seguridad y la restauración del orden en las regiones más golpeadas.
