Jueza federal rechaza bloqueo del operativo masivo de ICE en Minnesota
En Minneapolis, una jueza federal rechazó la petición del estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul para detener el operativo de inmigración «Operation Metro Surge», que ha más de 3.000 agentes de ICE y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desplegados en el estado, generando miles de arrestos y polémicas por violaciones de derechos, incluso con muertes de ciudadanos estadounidenses.
La decisión fue emitida el sábado 31 de enero de 2026 por la jueza Katherine Menendez, del Distrito de Minnesota, en una opinión de 30 páginas. La magistrada negó la moción presentada el 12 de enero por el fiscal general Keith Ellison y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Menendez argumentó que los argumentos sobre supuesta intromisión política o quebranto a la soberanía estatal no bastan para bloquear totalmente el operativo, y destacó que no hay precedentes jurídicos para que tribunales intervengan tan directamente en estas labores federales.
El operativo comenzó el 4 de diciembre de 2025 en Minneapolis y St. Paul y se expandió el 6 de enero a todo Minnesota, involucrando 2.000 agentes de ICE y mil de CBP enfocados en la búsqueda de indocumentados, fraude y criminales. De acuerdo con el gobierno federal, en Minneapolis ya se reportan al menos 3.000 detenciones, muchas indicadas con antecedentes penales. Sin embargo, investigaciones independientes señalan que solo el cinco por ciento de los arrestados tenía crímenes violentos y que ha habido detenciones erróneas de personas con estatus legal, niños, nativos americanos y solicitantes de asilo. Entre los casos señalaos están entradas a residencias sin orden judicial y la muerte de la enfermera Alex Pretti y de Renee Good por disparos de agentes federales.
La demanda sostiene que el operativo viola la Décima Enmienda al coaccionar a Minnesota para acabar con políticas locales denominadas de «santuario», que limita la cooperación en ejecuciones migratorias. Además, aseguran que «Operation Metro Surge» perturba la vida comunitaria, cierra escuelas y distorsiona apoyos policiales. Autoridades locales como el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, califican la operación de «invasión» que genera temor sin mejorar la seguridad. El fiscal Ellison anunció que apelarán esta decisión bajo el argumento de que «estos más de 3.000 agentes buscan intimidar y someter al estado, lo cual es inconstitucional».
La secretaria del DHS, Kristi Noem, confirmó que el fallo fortalece la seguridad pública y el estado de derecho, descartando las acusaciones de que el operativo લેviolentar el derecho estatal e insiste en que la aplicación de políticas migratorias es prerrogativa legítima del gobierno federal.
Esta decisión surge en momentos en que las críticas sobre excesos de autoridad y las consecuencias sociales y humanas del operativo continúan en foco, coincidiendo con un fallo anterior que obliga a respetar ciertas limitaciones en la intervención federal, dejando en evidencia el delicado balance entre control migratorio y derechos civiles. Las autoridades federales continúan con los patrullajes y decretan mayor vigilancia en comunidades vulnerables, mientras las entidades locales permanecen atentas y esperan recursos pendientes para responder ante la emergencia.
