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Senadora Isabel Zuleta presentó petición que causó controversia en operativos contra minería ilegal en Antioquia y Caldas
La senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico solicitó a la Policía Nacional información detallada sobre más de 25 operativos contra minería ilegal en municipios de Antioquia y Caldas, generando polémica por presuntas presiones a uniformados y cuestionamientos a la legalidad de las actividades, según informes públicos del 3 de octubre de 2025.
El derecho de petición incluyó la solicitud de documentos como fundamentación jurídica, informes técnicos, videos, coordenadas geográficas y datos personales de policías que participaron en acciones contra minería ilegal en pueblos como Yalí, San Roque, Amalfi, Angostura, Anorí, Remedios, Buriticá y Marmato. Esto fue interpretado por oficiales policiales como intentos de presionar a la Institución y entorpecer las investigaciones en zonas que se encuentran bajo la influencia de grupos al margen de la ley, incluidos el Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc.
La senadora argumentó que los operativos aparentemente vulneraban acuerdos previamente pactados entre el Gobierno nacional y comunidades mineras tradicionales tras protestas en el año 2025. Denunció irregularidades como atropellos a civiles, destrucción de máquinas y cierres de explotaciones, principalmente en el corregimiento Providencia en San Roque. Por eso, también pidió claridad sobre el uso de la fuerza y coordinación con la Gobernación de Antioquia, aunque esta no tiene competencias directas en materia minera.
Por su parte, la Policía Nacional explicó que todas las incautaciones y hostigamientos obedecieron a la inobservancia de títulos minerales vigentes otorgados por la Agencia Nacional de Minería, así como la falta de permisos ambientales. Un oficial retirado indicó que las solicitudes podrían ser un intento de convertir actas sobre minería ilegal en complicaciones para minería tradicional. Además, reveló instrucciones para pausar accionesbricas en el Bajo Cauca, por la amenaza de bloqueos en la región.
Alrededor de este caso ha surgido una discusión política, pues el concejal de Medellín Alejandro de Bedout radicó queja contra Zuleta ante la Procuraduría, y altos mandos del Ejército y Policía denunciaron presuntas intromisiones en operativos contra estructuras criminales. La senadora rechazó tales acusaciones y destacó que solo busca que se revisen los protocolos para garantizar legalidad y transparencia.
Mientras tanto, la lucha contra minería ilegal continúa con 90 capturas reportadas en 2025 en Caldas, así como destrucción de dragas dentro de la reciente Operación Florencia XVI en Anserma. Estas medidas buscan mitigar el impacto ambiental y hacer cumplir las normas que frenan explotaciones ilegales, las cuales financian a grupos delincuenciales.
Ante esta emergencia, las autoridades mantienen operativo firme para controlar esta actividad ilícita que afecta a múltiples municipios y reiteran la recomendación a la comunidad de respetar los perímetros de intervención y colaborar en denuncias que ayuden a mitigar el fenómeno con apoyo de la justicia y entidades estatales especializadas.
