Cortesía D.R.A
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno que imponía nuevos cobros a las generadoras eléctricas
Bogotá. La Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió este viernes el Decreto Legislativo 0044 expedido el 21 de enero de 2026 por el Gobierno nacional, que establecía dos nuevos cobros a las empresas generadoras de energía eléctrica. Esta medida temporal busca evitar que se aplique la norma mientras se resuelve de fondo su constitucionalidad, e impide afectar financieramente a compañías clave como Air-e.
El decreto fue expedido en el contexto de la emergencia económica declarada desde finales de 2025 y pretendía trasladar recursos desde generadoras rentables a empresas con problemas financieros en la región Caribe. Establecía una contribución parafiscal equivalente al 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de las generadoras, destinada al Fondo Empresarial, con un impacto estimado de 300.000 millones de pesos. Además, establecía una contraprestación para generadores hidráulicos de entregar un 12% de la energía vendida en bolsa para recibir descuentos en impuesto de renta. Parte de este cobro empezó a aplicarse el 2 de febrero, basado en las utilidades de 2024.
La decisión de la Corte responde al Auto 082 del 29 de enero de 2026 que suspendió provisionalmente la declaratoria de emergencia económica. ”El Decreto 0044 no producirá efectos a partir de la fecha y ninguna autoridad podrá ejecutarlo mientras se cumplen los controles judiciales”, indicó Carlos Camargo, magistrado, durante el anuncio de la suspensión por seis votos a favor y dos en contra. Esta medida busca luego responder a varios recursos interpuestos por gremios y analistas que señalaron la ilegalidad y confiscatoriedad del decreto.
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras calificó el cobro como impositivo e ilegal por poner en riesgo la capacidad financiera de las compañías, que deben a Air-e, intervenida judicialmente, más de 1,2 billones de pesos solo por facturas pendientes y otros 500.000 millones adicionales en la cadena eléctrica. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, saludó la suspensión y enfatizó: “El Gobierno debe buscar soluciones con recursos públicos y no cargar impuestos a empresas que hoy toleran grandes deudas.”
El bloqueo legal genera duda en la continuidad financiera y operativa de Air-e y el suministro en la zona Caribe, pero a su vez representa una señal positiva para los inversionistas del sector dadas las condiciones comerciales. Se anticipa que el fallo definitivo pueda conocerse antes de marzo de 2026. La Alcaldía y la Superintendencia mantienen un monitoreo constante de la situación para evitar afectaciones a la comunidad.
Las autoridades recomiendan prudencia a las empresas y usuarios, y anuncian un nuevo balance tras la resolución oficial del proceso jurídico. La Fiscalía y entidades judiciales permanecen atentas a la evolución del caso para garantizar la estabilidad energética y el cumplimiento de las normativas vigentes.
