📸 Cortesía: Juan Diego Cano – Presidencia de Colombia
El presidente Gustavo Petro calificó como un “crimen ambiental” los vertimientos de agua realizados por la Central Hidroeléctrica Urrá I en el río Sinú, exigiendo la renuncia inmediata del gerente por los daños causados a las comunidades campesinas. La afirmación se hizo este 9 de febrero de 2026, en medio de una crisis de inundaciones que afecta al 90% del departamento de Córdoba, particularmente en municipios como Montería, Cereté y Lorica, dejando miles de familias damnificadas.
Según explicó Petro, los vertimientos incrementaron el daño provocado por un frente frío y las intensas lluvias en la cuenca alta del río Sinú. El mandatario responsabilizó directamente a la gestión de Urrá por el desbordamiento que afectó viviendas, cultivos e infraestructura rural. “Todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental. El gerente debe renunciar de inmediato y asumir sus responsabilidades penales”, manifestó. Además, afirmó que la política energética priorizó contratos de gas caros en lugar de usar energía hidroeléctrica más económica, lo que ahora amenaza la vida del campesinado.
Por su parte, la Central Hidroeléctrica Urrá informó que incrementó las descargas para controlar el nivel del embalse debido al aumento en los aportes hídricos por las lluvias, buscando proteger la infraestructura y las comunidades cercanas. Su presidente encargado, Juan Acevedo, aseguró que la operación se ajusta a los límites permitidos y se realiza con responsabilidad técnica. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Acolgen, rechazó las acusaciones diciendo que los vertimientos son una medida obligatoria de seguridad para evitar mayores daños y resaltó que Urrá ha regulado correctamente el río Sinú en los últimos 25 años.
Mientras tanto, autoridades locales mantienen alerta roja y coordinan la atención humanitaria por esta emergencia que podría requerir miles de millones en inversiones para mitigar daños. El gobernador de Córdoba subrayó la necesidad de enfoques técnicos en la gestión de la crisis, rechazando que la discusión política lleve a negar la urgente asistencia requerida por los miles de afectados en la región.
