📸 Cortesía: X Rodrigo Londoño
La reestructuración de la Unidad Nacional de Protección provoca choque entre partido Comunes y Gobierno Petro
Bogotá. La reciente reestructuración interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por medio de los Decretos 0019 y 0020 de 2026, ha generado un conflicto político entre el partido Comunes y el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La modificación eliminó de forma implícita el Decreto 301 de 2017, que contemplaba 1.305 cargos para exintegrantes de las FARC integrados en un cuerpo de seguridad, lo que afecta las condiciones laborales de los asesores y escoltas vinculados a esa subdirección, según denuncias de Comunes.
Los decretos que entraron en vigencia en enero suprimen cargos como un Secretario General y cuatro Subdirectores de Unidad Administrativa, mientras crean nuevos puestos, entre ellos tres subdirectores generales y seis mil escoltas, ampliando la planta de personal de la UNP hasta 6.870 empleos permanentes y proyectando un costo superior a 740 mil millones de pesos. Estos cambios buscan alinearse al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y generar un ahorro anual de 120 mil millones, pero afectan directamente el esquema especial creado en 2017 para proteger a excombatientes en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
Rodrigo Londoño, líder de Comunes, informó que su partido inició acciones jurídicas para impedir la pérdida de esos puestos, a pesar del respaldo político previo al Gobierno. «Es incomprensible que un Gobierno que hemos apoyado tome esta medida», dijo Londoño, quien amagó con movilizaciones para exigir el respeto del Acuerdo de Paz. Según Comunes, la Subdirección Especializada no desaparecerá formalmente, pero las reformas afectan a los firmantes del acuerdo vinculados.
Por su parte, la UNP negó la eliminación de la subdirección y aclaró que la reestructuración responde a estudios técnicos realizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública,+y atienden necesidades de servicio y renovación institucional. La entidad destacó que se garantizarán 687 empleos para jóvenes entre 18 y 28 años y se fortalecerá la presencia territorial durante la agenda electoral de 2026. Sin embargo, sindicatos y Comunes acusan que el ministro del Interior, Armando Benedetti, pone en riesgo las garantías del Acuerdo de Paz al derogar el decreto de 2017.
El conflicto, concentrado en Bogotá desde enero, ha ido en aumento y Comunes considera intensificar la presión social si no se revierten estos cambios. El Gobierno defiende la reestructuración como una medida para mejorar la eficiencia presupuestal y asegurar la estabilidad laboral al interior de la UNP. Entre tanto, la comunidad está atenta a próximas decisiones que definan el futuro del esquema de protección pactado en el proceso de paz.
