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Córdoba declara calamidad pública por inundaciones que afectan al 80% del departamento y dejan 33.000 familias damnificadas
En las últimas horas, el departamento de Córdoba enfrenta una emergencia por inundaciones sin precedentes que afectan al 80% de su territorio, con cerca de 33.000 familias damnificadas. La declaratoria de calamidad pública busca agilizar la atención y recursos para mitigar la crisis.
Las extremos eventos climáticos afectaron 24 de los 30 municipios, incluyendo Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica, Tierralta y Montelíbano. Desbordamientos de los ríos Sinú, San Jorge y Chinú inundaron viviendas, vías e infraestructuras rurales. Solo en Montería 350 familias han sido evacuadas, y numerosas personas se refugian en 17 albergues habilitados. La emergencia ha provocado 9.000 viviendas destruidas, la pérdida de 35.000 hectáreas de cultivos y dejando al menos 14 fallecidos entre Córdoba y Sucre.
“Estamos enfrentando una de las peores emergencias en la historia del departamento. No se tienen registros de una crisis de esta magnitud”, afirmó Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. “Desde el Puesto de Mando Unificado se coordinan operaciones de rescate y atención, con el apoyo de Defensa Civil, Cruz Roja, la Policía y las Fuerzas Militares”.
La emergencia responde a lluvias atípicas, provocadas por frentes fríos que entraron por el sur del mar Caribe a finales de enero. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advierte que permanecen las condiciones para más precipitaciones, amenaza que pone en alerta varios municipios. Ante esta situación, se pronostican continuas crecientes e inundaciones que complican la gestión e intensifican el riesgo para las comunidades.
Las pérdidas económicas afectan sectores como la ganadería, con 263.000 cabezas en riesgo y más de 4.700 predios anegados, así como la agroindustria, pesca y turismo. Según el gobernador Zuleta y voceros de Fedegan, la región enfrenta paralizaciones significativas. El presidente Gustavo Petro anunció ayudas, enfatizando intervenciones militares en infraestructuras hidráulicas y la restitución de tierras ocupadas ilegalmente en las zonas afectadas.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo mantiene activos protocolos, con 13.000 kits de emergencia y apoyo logístico mediante 20 vuelos humanitarios. La Gobernación y la UNGRD llaman a la población a atender las indicaciones oficiales y evacuar zonas de riesgo para evitar daños mayores. Se espera la evaluación de la necesidad de extender la declaratoria de emergencia a nivel nacional para continuar mitigan responder a este desastre.
