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Fiscalía radica imputación de cargos contra presidente de Ecopetrol por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la campaña presidencial 2022 y un caso de tráfico de influencias, aunque su abogado aseguró que aún no ha sido notificado formalmente.
El delito electoral tiene relación con la superación de los límites en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, con gastos que superarían los 5.300 millones de pesos registrados por el Consejo Nacional Electoral calcularon. Además, el caso incluye una indagación por la adquisición de un apartamento en el barrio El Chicó de Bogotá, intermediado presuntamente mediante una empresa que consiguió contratos con Ecopetrol sin experiencia suficiente. La Fiscalía anunció dos imputaciones después de reunir “pruebas contundentes”, como explicó Raúl González Flechas, delegado contra la criminalidad organizada.
“Estamos ante una investigación seria y avanzada, en donde se responde por claros indicios”, señaló el fiscal encargado. Por su parte, el abogado Juan David León reafirmó que Ricardo Roa mantiene la presunción de inocencia porque no ha recibido la notificación oficial del tribunal. Roa, que también fue gerente de la campaña y ha formado parte del equipo más cercano de Gustavo Petro, conserva su puesto avalado por la junta directiva de Ecopetrol, organismo en el que el Gobierno estatal tiene control del 88,49 por ciento de las acciones.
Esta investigación se conoce además tras una sanción administrativa impuesta en enero anterior por el Consejo Nacional Electoral, que multó la campaña de Petro con 6.000 millones de pesos por exceso en gastos de financiación. Algunos miembros del Congreso manifestaron preocupación y solicitaron la renuncia del presidente de la petrolera por el impacto que este caso representa para la imagen y el valor en bolsa de la empresa, pieza fundamental en la economía nacional.
Hasta el momentono se ha programado la audiencia imputativa mientras el expediente avanza ante las autoridades judiciales, que buscarán resolver las circunstancias y verdades del caso para proteger intereses públicos y empresariales. La recomendación de la Fiscalía es seguir los procesos establecidos de manera ordenada y transparencia en aras de la sana gestión de la corporación y confianza ciudadana.
