📸 Cortesía: Presidencia de Colombia
El presidente Gustavo Petro solicitó este domingo a la Corte Constitucional reactivar el Decreto Legislativo 1390 de 2025, que declara emergencia económica, social y ambiental en los departamentos de Córdoba y Sucre, ante la creciente crisis humanitaria causada por fuertes inundaciones.
Las autoridades reportan 14 personas muertas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 300.000 afectados por las intensas lluvias que caen debido a un frente frío de origen ártico, que en las últimas semanas ha anegado más de 35.000 hectáreas productivas en el Caribe colombiano. “Estamos frente a una emergencia que ya está cobrando vidas y sobrepasa cualquier escenario previsible”, afirmó Petro en la carta enviada a los magistrados.
El Gobierno Nacional aclaró que había acatado la suspensión provisional del decreto ordenada por la Corte el 29 de enero, por considerarse “manifiestamente inconstitucional” en su declaratoria inicial, que fue motivada para cubrir un déficit presupuestal de 16,3 billones de pesos. Sin embargo, argumentó que el agravamiento de la crisis limita ahora seriamente la capacidad estatal para responder y endurece los peligros en la región. Entre tanto avisan que otro frente frío acercándose podría empeorar la situación rápidamente.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el 80% del territorio de Córdoba está anegado y más de 33.000 familias quedan damnificadas, siendo el río Sinú uno de los principales causantes de inundación. Sucre sigue padeciendo længere pérdidas agrícolas y aislamientos en varias comunidades. Los casos de emergencia superan los 100 en 84 municipios de 14 departamentos, con en total 43.900 familias afectadas y 35.000 hectáreas de cultivos bajo el agua.
Las acciones inmediatas incluyen 30 toneladas de ayudas distribuidas en 20 vuelos a cargo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional; entrega de más de 13.000 kits de emergencia; y movilización de 600 unidades operativas de Defensa Civil, Cruz Roja y Fuerzas Militares. En Córdoba, el Ejército mantiene activos pelotones fluviales de rescate, reparto de alimentación, agua y elementos básicos de aseo para más de 14.000 familias en necesidad.
Además, el Gobierno decretó el 7 de febrero una declaratoria diferente y focalizada en Córdoba y Sucre para fortalecer ayudas, y se espera para este 10 de febrero una reunión del Consejo de Ministros en Montería para coordinar intervenciones, entre estas la posible actuación militar destinada a la restauración de tierras inundadas y derribo de diques que afectan el paso de agua en ciénagas.
Ante la crisis, autoridades locales como el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reclaman más recursos para aliviar el hacinamiento en los albergues y prevenir brotes de enfermedades respiratorias derivadas de la inundación. Organismos internacionales, como la FAO, han advertido sobre los avances en inseguridad alimentaria debido a estos fenómenos climáticos. La Administración local invitó a la comunidad a mantenerse atenta a las recomendaciones oficiales y reportar situaciones que puedan requerir intervención.
