Cortesía Alcaldía de Medellín
Consejo de Estado confirma condena contra EPM por $781.828 millones en el caso Hidroituango
La Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la condena a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a pagar 781.828 millones de pesos a Hidroituango S.A. La decisión, tomada el 10 de febrero de 2026, ratifica el laudo arbitral emitido en diciembre de 2023 luego de negar un recurso extraordinario interpuesto por EPM, lo que activa el pago inmediato por incumplimientos contractuales en el proyecto hidroeléctrico Ituango.
El conflicto se remonta a un acuerdo BOOMT firmado en marzo de 2011 entre Hidroituango S.A. y EPM Ituango S.A. –que luego cedió a EPM en enero de 2013– para construir, operar y mantener la central durante 50 años. El Tribunal Arbitral, en diciembre de 2023, encontró que EPM incumplió el fin del plazo para la operación comercial del primer grupo de generación, fallas en sistemas de desviación del río y problemas en el llenado del embalse. Estos incumplimientos se relacionan con la crisis de abril y mayo de 2018 cuando el represamiento del río Cauca ocasionó la evacuación de comunidades y retrasos en la generación, que empezó en noviembre de 2022 en lugar de 2018.
“Se ha determinado que el incumplimiento contractual de EPM generó retrasos y problemas técnicos que afectaron el proyecto”, afirmó Alberto Montaña, magistrado ponente del Consejo de Estado. El tribunal confirmó que el reclamo se limitó al contrato BOOMT, descartando otras causas internacionales esgrimidas por EPM en su recurso, que fue declarado infundado.
Este fallo, previo a un levantamiento de suspensión provisional decidido en julio de 2024, deja firme la sanción y evidencia las consecuencias económicas de la crisis en Hidroituango, obra clave para el Sistema Interconectado Nacional. La demanda fue impulsada por Hidroituango S.A., donde la Gobernación de Antioquia tiene el 52 % y EPM el 46 %, en un contexto de procesos arbitrales surgidos en 2020 y resoluciones conciliatorias en 2024.
La Alcaldía de Medellín y otros entes mantienen vigilancia jurídica sobre el caso y hacen un llamado a cumplir con las obligaciones contractuales. Se espera que EPM realice el pago correspondiente y se ajusten los cronogramas del proyecto para evitar mayores afectaciones a la región y el sector energético.
