📸 Cortesía: Esteban Vega – Semana / Colprensa / D.R.A.
Consejo de Estado asumió competencia para procesar pérdida de investidura contra Gustavo Petro por ausentismo en el Senado
El 10 de febrero de 2026, la Sala Plena del Consejo de Estado confirmó que tiene competencia para tramitar la demanda de pérdida de investidura contra el presidente Gustavo Petro, relacionada con presuntas ausencias injustificadas en sesiones plenarias durante 2018, cuando fungía como senador.
La demanda fue interpuesta en noviembre de 2022 por el abogado Joan Sebastián Moreno, quien señala que Petro incumplió la regla constitucional que implica perder la investidura tras ausentarse sin justificación a seis sesiones en un mismo período. Se puntualizan al menos cinco ausencias sin respaldos válidos, entre ellas la del 28 de agosto de 2018, justificada con un certificado médico particular que el reglamento del Senado no reconoce.
El caso generó un conflicto de competencia entre el Consejo de Estado, que conoce hechos parlamentarios, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara por considerar el fuero especial presidencial de Petro. Inicialmente, el Consejo de Estado se declaró no competente en 2022, pero tras recursos del demandante y un prolongado debate, revirtió esa decisión en sesión que duró cerca de diez horas el 10 de febrero de 2026.
El proceso empezó en febrerod de 2023 y estuvo sin avances por casi dos años. Ahora el Consejo designó como apoderado a Pedro Alejandro Carranza para representar a Petro en este caso y procederá con audiencias y recopilar pruebas. Aunque la caída de la investidura no aplicaría por estar fuera del Senado, el fallo podrá sentar precedentes jurídicos sobre competencia en demandas similares contra exparlamentarios con fuero presidencial.
Medios regionales y nacionales han reportado esta decisión con base en fuentes internas del Consejo de Estado. La Sala aún no publica el auto definitivo, mientras aumentan las tensiones entre el gobierno de Petro y la justicia en un momento de críticas mutuas. La instancia hace un llamado a la vigilancia del desarrollo de este proceso con apego al debido proceso y a la normativa democrática.
