📸 Cortesía: Presidencia de Colombia
El Gobierno Nacional extendió la designación de gestores de paz a nueve cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el fin de fortalecer el diálogo con los Comuneros del Sur en Nariño, pese a los limitados avances en las negociaciones y la controversia que la medida ha generado.
La prórroga fue aplicada a personas como Ana Milena García Leiton, conocida como ‘Sonia’, condenada en 2018 a 40 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y otros delitos, capturada en 2015 y considerada una de las principales líderes del ELN. Entre los otros designados están Jaime Edilson Rodríguez Moreano, alias ‘Yovany’, vinculado al tráfico de drogas hacia Ecuador; Édgar Humberto Restrepo Benjumea, ‘Mono Clinton’, estratega del frente urbano; Ómar Robinson Vallejo España, sindicado en homicidios de dos policías en Nariño, junto con Diego Fernando García, Jesús Andrés Cabezas, Yumer Arley Guerrero Castilla, Luis Alberto Villota Rodríguez y Carlos Jhon Cabrera Ruales.
De acuerdo con la Resolución 041, estos gestores deben aportar su experiencia para avanzar en el proceso de paz y promover iniciativas humanitarias, comprometiéndose a participar en diligencias judiciales cuando se les solicite. No obstante, el Gobierno aseguró que la designación es revocable en cualquier momento y puede reactivar procesos penales ordinarios si es necesario. Como parte de esta política, el reconocimiento de gestor de paz a Alexis Fabián Hoyos Ospina fue retirado recientemente, reanudándose su persecución judicial.
La extensión se da en un contexto de escaso progreso en los diálogos con el ELN y múltiples ataques vomitados a la fuerza pública y civiles. Las autoridades expresan preocupación por posibles vínculos permanentes de algunos designados con actos delictivos hace complicada la consolidación del acuerdo. Además, esta medida reactiva el debate sobre la política de «paz total» impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien también incluyó a 16 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia como facilitadores hasta 2026. La Gobernación sostiene que tal nombramiento no equivale a indulto ni perdón judicial, sino a una herramienta para concretar acuerdos móviles y esperanza de un proceso sólido.
La Alcaldía y organismos de justicia recomendan cautela y vigilancia constante para evitar que estos gestores entorpezcan la reconciliación. Mientras tanto, las negociaciones permanecen abiertos a vigilancia federal y comunitaria, esperando lograr pronta consolidación de paz en la zona, ante esta inédita etapa con los Comuneros del Sur.
