📸 Cortesía: Contraloría General de la Nación
El Estado colombiano suscribió en enero de 2026 un total de 521.269 contratos directos por $32,88 billones, informó la Contraloría General de la Nación. Este registro representa un aumento del 5,2 % en el número de contratos y del 30,4 % en valor frente a enero de 2022, período en el que se firmaron 495.527 contratos por $25,22 billones.
El auge en estos contratos se concentró en la última semana de enero, con adjudicaciones superiores a los $14,8 billones, y un pico de $5,7 billones el 30 de ese mes. Este comportamiento se dio justo antes de la implementación de la Ley de Garantías, que rige desde el 31 de enero y limita la contratación directa hasta el 31 de mayo o hasta el 21 de junio caso hayan segundas vueltas electorales.
Según los datos compilados del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), la mayoría de los contratos se llevó a cabo en los órdenes territorial y nacional. Las dependencias territoriales firmaron 348.495 contratos por $17,7 billones, mientras que las entidades nacionales suscribieron 164.813 por cifras cercanas a $14,87 billones. En este último nivel, el crecimiento mundial fue del 52,6 % en cantidad y del 68,2 % en valor en comparación con 2022. El 96 % de los contratos corresponden a contratos de prestación de servicios que suman $22,34 billones.
Entre las entidades con mayores contratos están el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con $1,7 billones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con $1,2 billones y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con cerca de $0,7 billones. En lo territorial, experimentaron las mayores cifras el Distrito de Barranquilla con $1,33 billones, Medellín con $0,88 billones, y Cali con $0,54 billones.
El presidente de la Contraloría señaló que este aumento inusual genera un impacto fiscal en los recursos del país. Aunque puntualizó que no necesariamente todas las contrataciones buscan favorecer intereses políticos. Por esta razón, indicó que la entidad mantiene una vigilancia estricta en este periodo electoral, procurando evitar usos indebidos conforme a la Ley de Garantías, que busca protección y transparencia en tiempo preelectoral.
La Ley 996 de 2005 prohibe la contratación directa desde el 31 de enero para entidades nacionales y territoriales, aunque permite excepciones como respuesta a emergencias, defensa nacional y procesos competitivos abiertos. Gremios como la Asociación Nacional de Industriales han cuestionado estos números, ya que contrastan con las alertas del Gobierno sobre la falta de recursos fiscales disponibles.
La autoridad contralora continúa monitoreando la situación y hace un llamado a que se respeten las restricciones y marcos legales establecidos para el beneficio institucional y social, evitando afectaciones derivadas de la gestión prerrotativa en tiempos electorales.
