Gran indignación causó la decisión de una jueza de control de garantías de dejar en libertad a 13 presuntos delincuentes que habrían intimidado y hurtado a los ocupantes de un bus de Transmilenio en Bogotá.

La responsable de esta decisión es la jueza 69 de Garantías de Bogotá, quien argumentó en entrevista con Blu Radio, que a pesar de haber sido capturados en flagrancia, habrían irregularidades en el proceso, como que la declaración dada por el único testimonio que se tenía, no concordaba con lo dicho por la Policía en relación al arma utilizada durante los hechos.

Pero sin lugar a dudas su afirmación más polémica fue que «sería peor el remedio que la enfermedad», pues según la jueza, “llevarlos a la cárcel costaría unos 280 millones de pesos”.