La justicia de Perú ha extendido a 36 meses la prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido tras un fallido autogolpe de Estado en diciembre y está detenido por presunta corrupción y rebelión. Deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025 mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos.
El juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo y también dispuso 36 meses de prisión preventiva al exministro de Transportes Juan Silva, prófugo de la justicia, mientras que un exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, seguirá el proceso en libertad. Tras su destitución, la caída de Pedro Castillo profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejaron al menos medio centenar de muertos, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando supuestamente intentaban huir de manifestantes que los atacaron a pedradas en la región de Puno. Castillo hizo una corta intervención ante la cámara desde la cárcel para expresar su desacuerdo con la medida y señaló que apelará la decisión.
Pedro Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una “minicárcel” para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando supuestamente intentaban huir de manifestantes que los atacaron a pedradas en la región de Puno.
