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La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que demostraron la participación de la exrectora de un colegio en Charalá, Santander, Lucila Gutiérrez, y un individuo identificado como José Parra, en acciones violentas y desproporcionadas contra la población civil del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En el juicio, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditó que entre 2001 y 2003, la señora Gutiérrez de Moreno permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por los líderes de la estructura criminal. La mujer presentaba a las jóvenes en eventos como bazares y reinados de belleza, además de facilitar la oficina de la rectoría para la ejecución de las agresiones. Al menos dos víctimas fueron identificadas, quienes sufrieron prolongados periodos de vejámenes a manos de los líderes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’.
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Como resultado, la mujer fue condenada a 20 años y 9 meses de prisión por secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. El fallo ordenó su captura inmediata para cumplir la pena en un establecimiento carcelario.
Por otro lado, la Fiscalía determinó que José Parra, en calidad de auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, promovió el reclutamiento forzoso de menores de edad. Las evidencias señalan que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal, resultando en el abuso sexual de uno de los jóvenes en múltiples ocasiones por parte de los líderes paramilitares. Fue condenado a 24 años y 2 meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
Estas sentencias de primera instancia fueron obtenidas a través de una investigación siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema penal).
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