Foto: Cancillería de Venezuela
Este jueves a mediodía, la Cancillería de Venezuela tomó la decisión de suspender las actividades de una de las oficinas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el país. Además, exigió a los funcionarios de esta oficina abandonar el país dentro de las siguientes 72 horas.
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A través de un comunicado, el canciller Yvan Gil aseguró que la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela no tendrá más funcionamiento en el país mientras se realice una “revisión de los términos de cooperación” firmados por ambas partes.
El motivo de expulsión tendría que ver con un señalamiento hacia esta oficina de no mostrarse como un ente imparcial, convirtiéndose “en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”. Por ello, la intención del Gobierno de Venezuela de que “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.
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Esta visión se habría gestado luego de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos expresara su preocupación por la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, señalando la comisión del delito de desaparición forzada, al no tener conocimiento de su paradero.
El canciller Gil señaló a esta entidad de “falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”, solo por denunciar las violaciones de derechos humanos en contra de la oposición.
