La radicación en el Senado de la República de la consulta popular del presidente Gustavo Petro, ha generado desde ya un intenso debate en el país. Mientras algunos sectores la consideran una herramienta democrática legítima, otros la ven como un intento de eludir al Congreso y una amenaza a la institucionalidad.
Desde diferentes sectores, tanto políticos, académicos como expertos en constitucionalidad, han reaccionado a la radicación de la consulta, dejando en evidencia la aguda polarización que se vive en el país.
El expresidente Iván Duque, criticó la iniciativa, afirmando: «No vamos a permitir los colombianos que sustituyan al Congreso, que intimiden las cortes, que nos impongan por la fuerza la destrucción del empleo y la salud por cuenta de alucinaciones ideológicas».
Por su parte, el senador de la República y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, expresó: «Con la consulta popular, se acabó el gobierno. Arrancaron las elecciones del 26. El pueblo confirmará la necesidad de archivar estas reformas inconvenientes. Colombia necesita mejoras, no destrucción».
Desde la bancada del Gobierno, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, defendió la propuesta: «¡Que el pueblo decida! Acompaño al presidente Petro en su propuesta de convocar una consulta popular. Contra el bloqueo institucional, profundicemos la democracia».
Es importante recordar que la representante Carrascal, fue la ponente del proyecto de Ley de reforma laboral que finalmente se hundió en su tercer debate en la comisión séptima del Senado de la República.
Otras reacciones las han protagonizado expertos en derecho constitucional como el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien señaló que, si bien la consulta popular es un mecanismo legítimo, «no significa que se le pueda consultar al pueblo el texto de una ley porque eso le corresponde exclusivamente al Congreso».
