¿Justicia en transformación?
Una hora de cambio para una justicia que tarda años.
Bogotá, 27 de mayo de 2025. En la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia, un aplauso unánime selló la aprobación en su cuarto y último debate de la **Reforma a la Justicia**, una iniciativa que promete revolucionar el sistema penal acusatorio del país. Con 96 congresistas presentes y sin votos en contra, este paso representa no solo un logro legislativo, sino la esperanza de una justicia más rápida y efectiva, con un enfoque especial en la protección de los derechos de las víctimas.
El proyecto, conocido como Ley N° 455 de 2024 Cámara – 281 de 2024 Senado, no nació en el vacío. Fue el fruto de un esfuerzo conjunto entre la **Corte Suprema de Justicia**, la **Fiscalía General de la Nación**, el **Ministerio de Justicia y del Derecho** y un amplio sector del Congreso. Su misión es clara: descongestionar un sistema judicial que a menudo dilata procesos hasta por una década, para convertirlo en uno que resuelva casos en plazos que van de uno a doce meses. Este aceleramiento no es mero trámite; busca garantizar una reparación integral y oportuna para quienes han sufrido el peso del delito.
Las medidas aprobadas reflejan esa ambición. Entre ellas, la implementación de la **reparación integral**, que amplía beneficios a quienes acepten cargos, incluso si la captura ocurre en flagrancia. Se fortalece el **principio de oportunidad** con estrategias para suspender términos procesales, evitando la temida prescripción, y se otorga un plazo de hasta un año para que los procesados entreguen pruebas cruciales. No menos importantes son las nuevas herramientas como las **pruebas anticipadas** y mecanismos de colaboración eficaz, diseñados para facilitar que la justicia avance mediante la cooperación del acusado. Además, la ley contempla rebajas de pena condicionadas a la colaboración, siempre bajo estrictos criterios para asegurar el equilibrio entre justicia y concesiones.
El camino sigue con la conciliación del texto con el Senado, antes de que el presidente Gustavo Petro pueda sancionar la ley y hacerla efectiva. Pero esta reforma, más que anotar un hito burocrático, abre un interrogante profundo sobre el futuro penal del país: ¿será posible que un sistema forjado en las inercias del pasado consiga, finalmente, entregar justicia ágil y digna? Mientras tanto, la sociedad observa. La transición de años de espera a meses de respuesta podría ser el primer paso para que la justicia deje de ser un ideal y se transforme en una realidad palpable para todos.
