El ultimátum que pone en jaque al Senado
La tensión política en Colombia se eleva en un momento crítico.
Bogotá, 28 de mayo de 2025. El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, lanzó un inesperado y contundente ultimátum al Congreso de la República, y en especial al Senado: convocará una **consulta popular** sobre reformas clave, incluso si no logra la aprobación de la plenaria. Esta declaración se produce en plena jornada del paro nacional de 48 horas que ha movilizado a miles en todo el país.
El anuncio oficial, emitido a través del **Ministerio del Interior**, advierte que la votación de esta consulta – que incluye **12 preguntas vinculantes**, principalmente sobre la controvertida **Reforma Laboral** – procederá «con o sin la aprobación del Senado». Esta medida surge después del bloqueo legislativo que han sufrido varias propuestas del Ejecutivo, sobre todo la citada reforma que fue hundida el 11 de marzo pasado en la Comisión Séptima del Senado, acto que ha sido interpretado por el Gobierno como un intento deliberado de frenar su agenda social.
Este ultimátum fija un **plazo hasta el 1 de junio** para que el Senado se pronuncie y decida sobre la realización oficial de la consulta popular, marcando una clara presión política sin precedentes contra el órgano legislativo.
El contexto de esta crisis es complejo. El país amaneció en medio de un **paro nacional convocado por centrales obreras** para el 28 y 29 de mayo, que se ha extendido a múltiples ciudades y sectores. Este movimiento social tiene como núcleo el respaldo a la consulta popular y a las reformas sociales que el Gobierno quiere impulsar, pero que enfrentan resistencias en el Congreso. El rechazo frontal del Senado a la consulta el 14 de mayo fue el detonante inmediato del paro, aunque el malestar popular se suma a varios reveses políticos y bloqueos a las reformas impulsadas por Petro.
Este enfrentamiento plantea preguntas fundamentales: ¿Podrá el Ejecutivo eludir los obstáculos legislativos a través de mecanismos directos de participación ciudadana? ¿Hasta dónde está dispuesto a tensar la relación con el Congreso para promover una agenda social? Y sobre todo, ¿qué representa esta fractura en la confianza democrática y en la gobernabilidad del país?
Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectación creciente. La convocatoria de una **consulta popular sin respaldo legislativo** pone en jaque las reglas clásicas del juego democrático y deja en el aire la pregunta sobre quién realmente detenta el poder para decidir el rumbo nacional.
¿Será este ultimátum el punto de inflexión entre una débil institucionalidad y la aspiración popular de cambio? El 1 de junio marca no solo un límite en el calendario, sino un plazo para la esperanza o la profundización del vacío político en Colombia.
