Cortería: captura de YouTube
¿Reparación con la mira en el pasado?
Un gesto tardío pero significativo.
Bogotá, 20 de mayo de 2025. Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, selló un acuerdo de reparación económica con Recaudo Bogotá, la empresa responsable de la administración del sistema TransMilenio. Un pago de 7.478.185 pesos colombianos que busca resarcir los daños causados en una de las estaciones durante las protestas sociales que sacudieron a la capital en 2019.
El monto, cifra exacta exigida por la entidad y no cubierta por el seguro, representa más que una suma: es la aceptación de una responsabilidad que ha permanecido latente durante años. Barrera, quien actualmente cumple una condena de más de cinco años en la cárcel El Buen Pastor por delitos de daño agravado a propiedad ajena, alteración del transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas, decidió asumir este compromiso como parte de un reconocimiento público —un acto simbólico pero necesario— de la huella que dejaron aquellos días de convulsión social.
El proceso judicial se activó luego de que Recaudo Bogotá S.A.S. presentara un incidente de reparación directa, buscando cubrir los perjuicios económicos que la póliza de seguros no amparó. La negociación no fue sencilla; implicó varias audiencias donde la voz de Barrera expresó arrepentimiento y una voluntad de enmendar los hechos. Finalmente, el acuerdo se concretó antes del plazo judicial estipulado para mayo de 2025, cerrando un capítulo que parecía suspenso desde hace más de cinco años.
En un comunicado oficial, Recaudo Bogotá ratificó la recepción del dinero y señaló que con este pago se considera completamente resarcida por los daños materiales derivados de los actos vandálicos. Destacó, además, la entrega voluntaria de una declaración pública de arrepentimiento por parte de ‘Epa Colombia’ en una audiencia, un gesto que busca ir más allá del aspecto económico y tocar la dimensión ética y social de la reparación.
Sin embargo, este acuerdo también plantea preguntas inquietantes: ¿bastan las sumas económicas para saldar heridas sociales y simbólicas? ¿Podrá esta reparación abrir caminos hacia una reconciliación más profunda o simplemente quedar grabada en los archivos judiciales? A partir del 20 de mayo, mientras se cierra un capítulo, el país sigue interrogando sobre las cicatrices y aprendizajes que dejó aquel paro nacional, y sobre cómo las responsabilidades individuales dialogan con las demandas colectivas por justicia y memoria.
