📸 Cortesía: Aymer Andrés Álvarez
Entre derechos y controversias: la circular que sacude al Ministerio del Trabajo
¿Protesta protegida o exceso institucional?
Bogotá, 27 de mayo de 2025. En plena vigilia de las marchas nacionales previstas para los días 28 y 29 de mayo, el Ministerio del Trabajo de Colombia emitió una circular que ha despertado debate y reclamos jurídicos. La Circular Externa 0061, firmada por el ministro Antonio Sanguino, exime a los trabajadores públicos y privados de cualquier represalia laboral por su participación en las manifestaciones sociales. Sin embargo, la medida no ha caído bien para todos, desatando una polémica que pone en tensión los límites del derecho a la protesta y la neutralidad institucional.
La circular, fechada el 27 de mayo de 2025, ordena que los empleadores se abstengan de imponer sanciones disciplinarias o descuentos salariales contra los trabajadores que decidan sumarse a las movilizaciones convocadas por diversas organizaciones sindicales y respaldadas por el Gobierno nacional. El Ministerio sustenta esta decisión en el respeto al derecho constitucional a la protesta social, amparado en varios artículos de la Constitución Política de Colombia y reforzado por sentencias emblemáticas tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Constitucional.
“Los empleadores no podrán tomar medidas disciplinarias contra los trabajadores que ejerzan su derecho a manifestarse”, advierte el texto oficial. Del mismo modo, el Ministerio anunció que pondrá en marcha investigaciones administrativas contra cualquier vulneración identificada y habilitó canales institucionales para recibir quejas, incluso anónimas, con el fin de activar los mecanismos legales de protección.
Pero en medio del fervor por la defensa de estos derechos, la Fundación para el Estado de Derecho presentó una demanda ante la Sección Segunda del Consejo de Estado que cuestiona la circular. Según esta entidad, la medida del Ministerio podría implicar un uso indebido de recursos públicos y un desconocimiento del Código Sustantivo del Trabajo. La Fundación advierte que la circular omite un estudio sobre el impacto fiscal y excede las facultades administrativas al otorgar un permiso amplio y generalizado, lo que podría erosionar la neutralidad institucional y abrir una brecha en la responsabilidad empleadora.
Así, se abre una incógnita que va más allá de los días de protesta: ¿puede el Estado equilibrar la garantía del derecho a manifestarse sin poner en jaque otros principios legales y administrativos? Mientras el debate legal avanza, los trabajadores se preparan para salir a las calles, conscientes de que detrás de la movilización late un pulso entre garantías y límites, derechos y controles.
¿Podrá la justicia aclarar este enigma y marcar el camino para futuras políticas laborales y sociales? La incertidumbre persiste, pero la necesidad de diálogo y reflexión es innegable.
