¿Anticipo o sobregiro fiscal?
Un decreto que sacude la confianza.
Este 28 de mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda de Colombia firmó el decreto 0572, una medida que ha encendido la polémica nacional al adelantar el cobro de la retención en la fuente sobre el impuesto de renta correspondiente a 2026, trasladándola sin miramientos al presente año. Publicada oficialmente el 29 de mayo, esta norma busca reforzar la liquidez estatal y preservar la estabilidad fiscal en un escenario marcado por la negativa del Congreso a aprobar una nueva reforma tributaria a finales de 2024 y las tensiones presupuestarias que eso implica.
El decreto, que entró en vigor a partir del 1 de junio de 2025, afecta a una amplia y diversa gama de contribuyentes. No solo empresas y trabajadores independientes están en la mira, sino también sectores que tradicionalmente gozan de exenciones, como el agropecuario y el religioso. Según cálculos oficiales del Ministerio de Hacienda, se espera un recaudo adicional que oscila entre 5 y 7 billones de pesos para el cierre de este año. Las nuevas tarifas de retención y autorretención varían entre 1,2% y 4,5%, dependiendo de la actividad económica, y la base mínima para aplicar la retención baja hasta más de 2 UVT mensuales, algo así como 96.000 pesos, lo que implica que incluso operaciones de baja cuantía estarán sujetas al cobro anticipado.
Impactos concretos se sienten en sectores clave como la extracción de hidrocarburos, minería, industria textil, automotriz, alimentaria, farmacéutica, construcción, comunicaciones, transporte, turismo, salud y educación. El motor tras esta decisión, según las voces oficiales, es anticipar recursos que debían llegar en 2026 para cubrir las urgentes necesidades de caja, después del abandono del proyecto de reforma tributaria y los paralelos recortes presupuestarios.
Sin embargo, el eco de la medida no ha sido discreto ni unánime. Gremios empresariales y analistas económicos critican la decisión, denunciando que la medida puede erosionar la confianza inversionista y complicar la planificación financiera de un sector privado que ya enfrenta desafíos. ¿Era esta la única vía para sostener las finanzas públicas? ¿Cuánto pesará en la confianza colectiva este anticipo forzoso? Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre cómo este decreto moldeará la dinámica fiscal y económica en el corto y mediano plazo.
La pregunta flota en el aire, inevitable: ¿podrá la estabilidad fiscal sostenerse sin sacrificar la confianza? A partir del 1 de junio de 2025, Colombia comienza a vivir esta prueba de fuego.
