📸 Cortesía: Colprensa / @ricarospina
¿Vigilancia interna o espionaje corporativo?
La sombra se extiende en Ecopetrol.
Bogotá, 30 de mayo de 2025. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se encuentra en el epicentro de un escándalo que pone en jaque la confianza en una de las empresas más emblemáticas de Colombia. Un contrato millonario con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, destinado inicialmente a evaluar riesgos reputacionales, ha derivado en presuntas actividades de espionaje a 70 altos funcionarios de la petrolera y sus filiales.
Este oscuro entramado salió a la luz a finales del mes pasado. La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una investigación el 29 de mayo de 2025, mientras que la Contraloría General exigió a Ecopetrol aclarar el origen, alcance y legitimidad del contrato, cuya suma asciende a aproximadamente 5,8 millones de dólares. Los documentos revelados por los medios atribuyen a esta firma legal la tarea, inicialmente, de manejar la crisis de imagen vinculada a Roa —quien había sido gerente de campaña presidencial en 2022—. Sin embargo, según informes internos que ahora son materia de escrutinio, el contrato fue modificado sin la debida autorización para incluir la retención y análisis de comunicaciones privadas de directivos y miembros clave, afectando directamente a figuras dentro y fuera de la empresa, incluso a Roa mismo.
La trama no se limita a un simple desliz burocrático. El papel del director de cumplimiento, Alberto José Vergara Monterrosa, cobra relevancia al ser señalado como responsable de aprobar la ampliación de este contrato el 26 de diciembre de 2024, justo en un periodo propicio para que la vigilancia pasara desapercibida. Las cláusulas de confidencialidad que acompañaban a esta extensión, junto con la naturaleza sensible de la información retenida —correos electrónicos, documentos internos—, han encendido las alarmas sobre posibles abusos de poder y violaciones a la privacidad dentro de la estructura estatal.
Mientras los organismos de control avanzan en esclarecer la legalidad y la justificación de estas acciones, la ciudadanía y los empleados de Ecopetrol enfrentan una profunda incertidumbre. ¿Hasta qué punto se ha erosionado la transparencia en la gestión de la principal empresa energética del país? ¿Puede justificarse una vigilancia interna que alcanza hasta sus propios dirigentes? La tormenta apenas comienza, y las respuestas aún son un enigma en medio del ruido de un contrato firmado en la oscuridad de las fiestas decembrinas.
