# ¿Justicia en conflicto? Fiscal y exministro frente a acusaciones
La justicia guatemalteca abrió una nueva crisis diplomática este lunes 2 de junio de 2025. En un giro inesperado, emitió órdenes de captura contra la **fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo**, y el **exministro de Defensa guatemalteco, Iván Velásquez**, quien además es el embajador designado ante el Vaticano. Ambos son señalados por su presunta implicación en irregularidades relacionadas con el escandaloso caso **Odebrecht**, durante el tiempo en que formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), encabezada por el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, anunció que las acusaciones contra estas dos figuras prominentes incluyen delitos graves como **asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión**. Según Curruchiche, Velásquez habría estado al frente de una red criminal que habría beneficiado a empresarios vinculados a Odebrecht, causando un daño económico al Estado guatemalteco estimado en más de 3.000 millones de quetzales, cerca de 400 millones de dólares.
El anuncio, además de sacudir la justicia en Guatemala, ha encendido una cuerda tensa en las relaciones bilaterales. El presidente colombiano Gustavo Petro manifestó una fuerte condena este martes 3 de junio, acusando a la Fiscalía guatemalteca de actuar como cómplice del crimen y no en defensa de la ciudadanía, trasllevando la controversia a un nivel de disputa política regional. Camargo, por su parte, negó enfáticamente la validez de la orden de captura, calificándola como una ofensiva sin precedentes diseñada para deslegitimar su lucha contra la corrupción y el crimen organizado que ha liderado en Colombia.
Mientras tanto, la pregunta sobre la **inmunidad diplomática** de Velásquez y cómo esto podría afectar la ejecución de las órdenes sigue abierta. Este episodio refleja no solo las complejas redes de poder en torno a Odebrecht, sino también las tensiones permanentes en la región sobre el combate a la corrupción y la justicia transnacional.
¿Podrán las autoridades esclarecer estos señalamientos en medio de tanta controversia? La ciudadanía regional observa y espera respuestas que no queden atrapadas en la política ni en estrategias dilatorias. A partir de ahora, estos casos serán una prueba para la independencia judicial y para la fortaleza de las relaciones diplomáticas en América Latina.
