📸 Cortesía: Presidencia Colombia
Golpe o defensa de la democracia: la consulta laboral que desató la crisis política
Nunca antes una decisión presidencial había encendido un debate tan intenso en Colombia. Este martes 3 de junio de 2025, apenas minutos después de que el presidente Gustavo Petro anunciara su intención de convocar por decreto una **consulta popular sobre la reforma laboral**, ocho partidos políticos lanzaron una contundente respuesta: calificaron la medida como un **golpe de Estado**.
El conflicto estalló en Bogotá, en el epicentro de la discusión política nacional. Las fuerzas opositoras —**Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI**— emitieron un comunicado conjunto en el que repudiaron lo que consideraron “una acción unilateral e inconstitucional por parte del Gobierno Petro”. La acusación no solo es un llamado a la movilización política, sino también a las instituciones: solicitaron que las altas Cortes, los organismos de control y las autoridades electorales “actúen con independencia y defiendan la Constitución”.
La raíz de esta controversia está en la reapertura del debate sobre la reforma laboral, un proceso que –según Petro– fue bloqueado en el Congreso de forma irregular. El presidente señaló que durante la votación del 14 de mayo, cuando la iniciativa fue rechazada por 49 votos a favor y 47 en contra, “se cometió una trampa”, y aseguró que existieron vicios de inconstitucionalidad que dilatan y anulan la decisión legislativa. En sus palabras, el Senado nunca dio un concepto favorable que avalara el avance de la reforma.
Mientras tanto, el calendario oficial avanza con rapidez. El exfiscal Eduardo Montealegre, aliado del gobierno, ha anunciado que el decreto oficial será expedido antes del 11 de junio, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, proyectó que la consulta podría llevarse a cabo “a finales de julio o principios de agosto”. Un proceso acelerado, en el que política y derecho parecen entrelazarse con tensión creciente.
Más allá de los datos, la pregunta que queda flotando es cómo esta crisis afectará la gobernabilidad del país y la confianza en las instituciones. ¿Es legítima la estrategia presidencial para adelantar una reforma aún en disputa? ¿O estamos frente a un precedente que erosiona el equilibrio democrático y el aparato constitucional? La incertidumbre se cierne sobre Colombia mientras la política se reconfigura en torno a esta consulta convocada por decreto. ¿Podrán las instituciones controlar esta tormenta o será ella la que las desborde?
