¿Consulta a la fuerza?
En la madrugada del 4 de junio de 2025, el Consejo Gremial Nacional alzó su voz contra un decreto presidencial que intentaba convocar una consulta popular sin pasar por el Congreso.
El Consejo, que agrupa a 34 gremios del país, denunció que el presidente Gustavo Petro busca usar un atajo legal para activar una consulta popular, a pesar de que esta iniciativa fue archivada por la Cámara Alta semanas atrás. Para ellos, esta maniobra no solo vulnera la Constitución Política, sino que también erosiona la frágil separación de poderes y pone en jaque la estabilidad institucional.
Según el comunicado oficial difundido a finales de mayo, la preocupación del gremio se centra en que, según los artículos 104 y 107 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es exclusivamente función del Congreso autorizar consultas populares de impacto nacional. El decreto presidencial, explican, evade esta norma fundamental de la Carta Magna, lo que podría desencadenar tensiones jurídicas y políticas.
Desde la Presidencia, se sostiene que la consulta es un mecanismo legítimo para involucrar a la ciudadanía en decisiones cruciales. Sin embargo, el conflicto ya provocó una ola de críticas y advertencias sobre un posible choque entre poderes estatales. Los gremios llaman a respetar el marco legal y a evitar el uso de vías excepcionales que minen la confianza en las instituciones.
Mientras tanto, el país observa con atención si la justicia aclarará los límites del poder ejecutivo para convocar consultas, o si este episodio se convertirá en otro capítulo de incertidumbre institucional. ¿Podrá la Constitución resistir ante el embate de una convocatoria “express”? El debate apenas comienza.
