📸 Cortesía: Instagram @margaritarosa.defrancisco
¿Consulta a la fuerza?
Un martes 6 de junio que se sentía tenso en Bogotá, el presidente Gustavo Petro decidió dar un paso que ha agitado las aguas políticas en Colombia: convocar una **consulta popular mediante decreto**, a pesar del rechazo explícito del Senado semanas antes.
Las palabras resonaron fuerte en las redes sociales por parte de la actriz y exreina Margarita Rosa de Francisco, quien no dudó en respaldar la iniciativa presidencial y lanzar una crítica punzante contra la oposición: «Le tienen pavor al pueblo, y con toda la razón», escribió, defendiendo así la participación directa de los ciudadanos frente a las fricciones institucionales.
Lo que se sabe hasta el momento es que, tras la votación en el Senado el pasado 14 de mayo —donde la iniciativa para la consulta naufragó con 49 votos en contra frente a 47 a favor— el gobierno no quiso dejar el tema en compás de espera. Alegando que hubo «trampas» y ausencia de un concepto favorable en la discusión legislativa, Petro anunció que la consulta se concretará el 7 de agosto de 2025, día simbólico por ser el aniversario de la **Batalla de Boyacá**.
Desde la Casa de Nariño, el presidente fue tajante: en la noche del 6 de junio ordenó a todo su gabinete ministerial presentarse para firmar el decreto que oficializa esta convocatoria, un acto que no solo aceleró el calendario político sino que también evidenció tensiones incluso dentro de su propio equipo. Algunos ministros han expresado dudas sobre la legitimidad de saltarse el poder legislativo, recordando que el Congreso ya se había pronunciado.
En defensa del decreto, Eduardo Montealegre, el recién nombrado ministro de Justicia, ha salido a explicar los fundamentos jurídicos que respaldan esta decisión. Para Montealegre, la consulta por decreto no es solo viable, sino necesaria para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre una reforma laboral que el Legislativo relegó. Este paso, aunque polémico, viene a completar un escenario donde las instituciones parecen chocar con el deseo popular.
La incertidumbre persiste: ¿Es este un ejemplo de la democracia participativa en tiempos difíciles o un episodio más donde las tensiones entre poderes erosionan la confianza pública? La ciudadanía observa con atención, mientras el calendario marca el 7 de agosto, fecha que podría abrir otro capítulo en la compleja relación entre gobierno, oposición y pueblo. ¿Podrá la consulta popular ser, esta vez, una auténtica expresión del pueblo, o quedará atrapada en la pugna política que la ha originado?
