📸 Cortesía: @linamariagarri1 / Presidencia
¿Consulta popular o pulso político?
El martes 3 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció, en una alocución televisada desde Bogotá, su intención de firmar un decreto para convocar una **consulta popular** sobre la controvertida **reforma laboral**. Esta decisión llega luego de que el Congreso rechazara, el pasado 14 de mayo, la solicitud del Ejecutivo para tramitar dicha reforma, situando la iniciativa en un punto muerto y abriendo un nuevo frente en la tensión entre poderes.
La medida busca trasladar el debate al terreno ciudadano, permitiendo que sea la población quien decida directamente sobre el rumbo de unos cambios laborales que han polarizado al país. Según el Gobierno, esta vía responde a la falta de resolución legislativa y a la necesidad de romper el estancamiento que el Congreso ha impuesto tras las votaciones recientes. Sin embargo, la jugada ha desatado una profunda controversia jurídica y política.
Entre las críticas más contundentes está la de la representante a la Cámara por Cambio Radical, **Lina Garrido**, quien puso en tela de juicio la legalidad del anuncio y, de paso, la formación jurídica del presidente. En un mensaje público en su cuenta de X, Garrido lanzó una ácida crítica: “Al parecer el presidente @petrogustavo estudió 6 semestres de derecho ‘en la San Marino’… Se desaparece tres días y aparece hablando locuras… ¿Qué fue, presidente? ¿Otra fiestica? El presidente que no lee lo que firma, que nombra a Benedetti de encargado y que presenta decretos con fechas chuecas… ahora se cree juez… ¡Deje de mamarle gallo al pueblo, sea serio!”. La diputada, que es también segunda vicepresidenta de la Cámara, denunció lo que considera un salto de la autoridad presidencial sobre el poder legislativo al querer desconocer una decisión tomada por el Senado.
En un video difundido como complemento a su denuncia, Garrido reiteró que el presidente “no es la autoridad competente para pronunciarse sobre la validez de las decisiones del Congreso” y llamó a que cualquier inconformidad se dirima ante el Consejo de Estado, el órgano idóneo para este tipo de controversias constitucionales. Para ella, la convocatoria sin respaldo legislativo no solo soslaya el control democrático, sino que también abre un precedente peligroso respecto a la separación de poderes y el respeto a los procesos institucionales.
Este pulso entre Ejecutivo y Legislativo sobre la reforma laboral no solo refleja las profundas divisiones políticas del país, sino que también pone en cuestión el modo en que se construyen las reglas del juego democrático en Colombia. ¿Podrá la convocatoria ciudadana superar el rechazo del Congreso y, con ello, reparar la fractura institucional o, por el contrario, sumará incertidumbre y desconfianza en un clima político ya tensionado?
Mientras tanto, la ciudadanía espera una solución clara y legalmente fundamentada que permita avanzar sin mayores sobresaltos en una materia que impacta la vida diaria de millones de trabajadores.
