📸 Cortesía: Presidencia / Senado
¿Reforma en disputa o jugada política?
Un tira y afloja que atrapa al Congreso y al Ejecutivo colombiano. Este lunes 3 de junio de 2024, la polémica sobre la reforma laboral escaló cuando el presidente Gustavo Petro se desligó públicamente del texto que debate el Senado, mientras el ministro Armando Benedetti aceleró la convocatoria a una consulta popular por decreto.
Lo que está en juego es más que una reforma. Se trata de un pulso entre dos poderes en una coyuntura clave. Petro aseguró con énfasis que «lo que tramita el Senado no es mi reforma», marcando distancia y reafirmando que la iniciativa oficial para reformar el trabajo pasa por la consulta ciudadana. La fecha límite que el Ejecutivo fija es el 1 de junio de 2025, cuando vence el plazo para que el Senado legisle. Si no hay acuerdo, el decreto convocará a los colombianos a decidir sobre una propuesta de cambios en el modelo laboral.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue quien confirmó el apremio: entre el 2 y 9 de junio se firmará el decreto de convocatoria. En sus palabras, «El 1 de junio se termina el plazo que tiene el Congreso para pronunciarse, así que se puede convocar por decreto y así se va a hacer.» Sin embargo, un giro inesperado llegó apenas unos días después.
El jueves 5 de junio, Benedetti introdujo una condición condicionante para que la consulta no llegue a las urnas: que el Senado apruebe en último debate el mismo texto que la Cámara de Representantes pactó en años anteriores. En sus términos, que el proyecto vuelva a la esencia concertada podría desactivar el mecanismo de participación popular que Petro promueve. «Si en el Senado se aprobara lo que viene concertado de Cámara, uno podría pensar que no sería necesaria la consulta.»
Este movimiento revela la complejidad y tensión que atraviesan las discusiones políticas en Colombia sobre reformas claves para el país. Petro parece mostrar dos caras: por un lado, distancia la responsabilidad de la reforma que complica con el Senado; por otro, ejerce presión para que esta no avance sin un respaldo popular contundente. La respuesta del Congreso no se ha hecho esperar: la amenaza de acudir a instancias judiciales indica un escenario cargado de incertidumbre y confrontación institucional.
En última instancia, queda la pregunta: ¿es esta una estrategia para fortalecer la democracia participativa o una maniobra para dilatar un proceso legislativo que genera resistencias poderosas? Mientras tanto, la ciudadanía observa expectante y, quizás, desconcertada ante un futuro laboral que se juega en un tablero político lleno de sombras y dudas.
