📸 Cortesía: red social X @AABenedetti / Colprensa
¿Presiones a la Justicia desde el Palacio?
Este martes 18 de junio, en Bogotá, la exministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, destapó una polémica que sacude los cimientos del gobierno de Gustavo Petro. Reveló que sufrió presiones políticas para despedir a un funcionario clave, Ludwing Joel Valero, director de la Uspec, en medio del naufragio de la reforma laboral en el Congreso.
Buitrago contó en Blu Radio que no fueron motivos técnicos los que motivaron estas solicitudes, sino intereses políticos que buscaban castigar a Valero por su relación con la deriva de la reforma. Fue la voz del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora de la Dapre, Angie Rodríguez, quienes la presionaron con insistencia para cesar a Valero.
Rodríguez le aseguró que Valero “había sido uno de los que tumbó la laboral”, y pese a la negativa inicial de Buitrago, recibió una llamada directa de Benedetti con un cuestionamiento tajante: “¿Por qué no has firmado la renuncia del director? Es de Pinto”, en alusión a la cercanía política del funcionario con el senador liberal Miguel Ángel Pinto, uno de los actores que influyeron en la caída del proyecto laboral.
“No me parece justo que una persona sea castigada por lo que hizo otra”, declaró con evidente descontento Buitrago, al denunciar que el despido buscaba cobrarle a Valero responsabilidades ajenas, en un episodio que expone tensiones internas y estrategias políticas dentro del gobierno.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente incertidumbre cómo las pugnas partidistas parecen erosionar la independencia y la estabilidad en instituciones clave para la justicia y la administración pública. ¿Podrán las autoridades esclarecer hasta qué punto estas presiones afectan la gestión estatal? ¿O permanecerán ocultas tras una cortina de intereses políticos y rencillas internas? Esta denuncia abre una rendija en la compleja relación entre poder y justicia en Colombia.
