📸 Cortesía: Instagram: @MiguelUribeT
¿FALLA ESTATAL EN LA PROTECCIÓN DE MIGUEL URIBE TURBAY?
Un silencio amenazante.
Este lunes 9 de junio de 2025, la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay presentó una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras el atentado sufrido el pasado sábado 7 de junio en Bogotá, que mantiene al político en estado crítico en la Clínica Fundación Santa Fe.
Más de 23 solicitudes de refuerzos en su protección fueron enviadas por Uribe y su equipo durante 2025, la última apenas dos días antes del ataque, el 5 de junio. Víctor Mosquera, abogado de la familia, denunció que la UNP, que desde 2023 había reconocido el «riesgo extraordinario» que corría Uribe Turbay, no ajustó las medidas pese a su condición de precandidato presidencial en 2024.
«La UNP no tuvo en cuenta que en octubre de 2024 ya era candidato y que sus condiciones de seguridad debían ser mejoradas», explicó Mosquera, quien añadió que todas las respuestas institucionales fueron un simple «copy-paste», negando sistemáticamente cualquier refuerzo a la custodia.
Un episodio que ilustra la gravedad de la situación ocurrió en mayo, durante un viaje a Cartagena para asistir a un evento de la Asociación Bancaria (Asobancaria). Uribe Turbay debió desplazarse con solo su equipo de campaña, sin escoltas ni seguridad local, pues la UNP no autorizó esos recursos en la ciudad.
Este vacío en la protección institucional no solo pone en riesgo la vida del precandidato sino que abre una incómoda interrogante: ¿puede una entidad clave para la seguridad personal dilatar o minimizar sus responsabilidades sin consecuencias? La respuesta parece estar pendiente mientras el senador lucha por su vida.
La ciudadanía observa con inquietud cómo las estructuras encargadas de proteger voces políticas quedan en entredicho. ¿Podrá la justicia esclarecer una posible negligencia estatal que habría facilitado un atentado? El tiempo, y la justicia, darán las respuestas.
