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¿CUÁNTAS SOMBRAS PESA LA ALCALDÍA PASADA?
El eco de un pasado cuestionado.
Medellín, abril de 2024. La olla a presión de la justicia y la política local sigue burbujeando mientras se conocen detalles de un contundente y complejo proceso judicial que tiene en su centro a una de las administraciones más emblemáticas y polémicas de la ciudad.
El Secretario General de Medellín, Sebastián Gómez, ha confirmado que 41 exfuncionarios y personas vinculadas con la administración del exalcalde Daniel Quintero, que gobernó entre 2020 y 2023, han sido imputados por presuntos delitos relacionados con corrupción. Esta cifra revela la magnitud sin precedentes de un caso que se abre paso en la historia reciente del país, colocando a una sola administración bajo el escrutinio legal más intenso de la última década.
Estos procesos obedecen a investigaciones que abarcan siete casos priorizados dentro de un paquete aproximado de 25 que la Fiscalía y organismos de control analizan con lupa.
Entre esos casos, dos destacan por su impacto y posible implicación directa del exalcalde. El primero, conocido como Aguas Vivas, investiga irregularidades alrededor de un terreno en El Poblado que habría experimentado un incremento de valor sospechoso, multiplicándose de 2.700 a 48.000 millones de pesos en un contexto cuestionado. Se allegan cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
El segundo foco de atención es el programa Buen Comienzo, junto con contratos interadministrativos firmados entre la Alcaldía, el Inder y Metroparques, donde también se indagan posibles anomalías.
En una audiencia celebrada el pasado 22 de abril, que se extendió por unas largas tres sesiones y cerca de quince horas, un juez dio luz verde a la imputación formal contra Daniel Quintero y otros diez involucrados en el caso Aguas Vivas, un paso que alimenta la tensión en la esfera pública.
Este lunes, el alcalde actual, Federico Gutiérrez, expresó públicamente desde sus redes sociales su respaldo a la justicia, subrayando que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para devolver la confianza a los ciudadanos.
Los ciudadanos de Medellín observan ahora, entre incertidumbre y expectativa, cómo se desenvuelve este proceso que no solo busca establecer responsabilidades legales, sino también reconstruir una ciudad fragmentada entre la esperanza y la desilusión. ¿Podrán estas investigaciones esclarecer una verdad que parece difuminarse entre múltiples sombras? La administración pasada, con 41 imputados, se ha convertido en un caso emblemático que interroga la fragilidad institucional y la compleja relación entre poder y corrupción.
