📸 Cortesía: Colprensa
¿ADIÓS A LA COMISIÓN CRIMINAL?
Este miércoles 11 de junio de 2025, una renuncia masiva conmocionó el Ministerio de Justicia en Colombia. Ocho de los diez miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal, reconocidos juristas del país, decidieron dar un paso al costado tras el nombramiento de Eduardo Montealegre como nuevo ministro.
Entre los renunciantes están figuras de peso en el mundo jurídico: Rodrigo Uprimny Yepes, reconocido director de DeJusticia y presidente de la Comisión; Mónica Cifuentes Osorio, exprocuradora delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz; Mauricio Pava Lugo, abogado penalista destacado; Gloria Patricia Lopera; Iván Orozco Abad, consultor en procesos de paz; Miguel La Rota Uprimny; María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz; y Luisa Fernanda Cano Blandón. Estos expertos enviaron una carta formal al ministro, informando su decisión.
La partida se enmarca en un contexto de incertidumbre. Aunque su mandato de dos años venció en febrero de 2025, la entonces ministra Ángela María Buitrago los invitó a quedarse para continuar con su labor. Sin embargo, la resolución para formalizar esta extensión nunca se adoptó. Con la llegada de Montealegre, visto por varios como un aliado estratégico del gobierno y figura parcialmente polémica, los miembros optaron por revocar su continuidad y dar paso a un relevo completo.
En su comunicación, los juristas explicaron que un cambio en las circunstancias políticas siendo el desencadenante principal. Dejaron claro que esta decisión no es un simple retiro, sino un llamado de alerta sobre la posible orientación que tomará la política criminal bajo el nuevo liderazgo. También dejaron abierta la posibilidad de que el ministro Montealegre conforme un nuevo equipo acorde a su visión.
Este episodio no solo sacude la estructura consultiva del Ministerio sino que pone en evidencia un vacío en el debate jurídico nacional, justo cuando la política criminal requiere más que nunca de voces críticas, independientes y rigurosas. ¿Qué rumbo tomará ahora esta área vital para la justicia en Colombia? La incertidumbre persiste y las preguntas quedan flotando en el aire.
