📸 Cortesía: Colprensa
«`html¿PARÁLISIS O PRUDENCIA? EL PULSO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL REGISTRADOR NACIONAL
Este martes 17 de junio de 2025, en Bogotá, se tensaron aún más las fracturas alrededor de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. El detonante fue la decisión del registrador nacional, Hernán Penagos, de suspender temporalmente la convocatoria mientras espera el pronunciamiento de las altas cortes sobre el decreto 0639, una medida con la que el Gobierno pretende poner en las urnas temas centrales de su agenda.
La determinación del registrador llegó en medio de una rueda de prensa en la que explicó que la magnitud y la controversia jurídica que rodea la consulta —con múltiples demandas de inconstitucionalidad radicadas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado— obligan a actuar con cautela para garantizar el respeto al principio de separación de poderes. «No se trata solo de convocar, sino de esperar una decisión que despeje los posibles conflictos jurídicos complejos», dijo Penagos, asumiendo un papel que muchos podrían calificar de prudente o incluso obstruccionista.
Del otro lado, el choque no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió contra esta suspensión y calificó la actitud del registrador como una «grave equivocación». Para Benedetti, la función de Penagos es ejecutar el decreto presidencial y no cuestionarlo. «El registrador no está acatando el decreto. Ese decreto es para convocar. Él es un operador logístico, por así decirlo. No tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que ya hizo el Gobierno», subrayó. Con estas palabras, el titular de Interior recordó que el Ejecutivo ya superó los filtros legales necesarios para avanzar y que la dilación solo erosionaría la confianza ciudadana en el proceso.
La tensión pone en evidencia más que un simple desencuentro burocrático: se abre un vacío institucional donde el encaje entre las ramas del poder se cuestiona públicamente. ¿Debe el registrador actuar de oficio asumiendo riesgos judiciales o es su deber ejecutar las órdenes del Ejecutivo sin dilaciones? ¿Estamos ante una legítima defensa del equilibrio entre poderes o ante una maniobra para entorpecer un proyecto político? La ciudadanía observa con atención y expectativa, consciente de que no solo se define una consulta, sino la confianza en los mecanismos democráticos.
Mientras las altas cortes se toman su tiempo para emitir un criterio, la consulta popular queda en suspenso. El reloj avanza, y con él, la inquietud: ¿podrá Colombia avanzar hacia las urnas sin más obstáculos o la incertidumbre seguirá marcando el pulso de este proceso vital para el país?
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