📸 Cortesía: Instagram de Carlos Julián Caicedo / X @ECOPETROL_SA
¿CONFLICTO DE INTERESES O SIMPLE DESCUIDO?
Este miércoles 4 de junio de 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió un juicio disciplinario contra Carlos Julián Caicedo Cano, asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en contratos durante la administración del alcalde Daniel Quintero en Medellín.
Según el órgano de control, Caicedo Cano mantuvo simultáneamente un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo mientras desempeñaba funciones en Invías. Esta doble vinculación, vigente entre el 30 de enero y el 17 de octubre de 2023, coincide con el periodo en que Quintero lideraba la capital antioqueña. Para la Procuraduría, esta situación podría constituir una “falta gravísima” al vulnerar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para funcionarios públicos.
El proceso disciplinario, formalizado tras un análisis exhaustivo de documentos y reportes periodísticos, busca esclarecer si Caicedo Cano empleó sus nexos políticos para obtener contratos estatales de manera indebida. La indagación gira en torno a si esta simultaneidad quebrantó normativas constitucionales sobre moralidad, transparencia y legalidad en la administración pública.
En palabras del Ministerio Público, la ejecución parcial del contrato con Pascual Bravo mientras el funcionario servía en Invías pone en riesgo el funcionamiento normal y correcto de la administración pública. Se investiga el posible impacto disciplinario de estas acciones, sustentado en pruebas documentales y testimonios recopilados durante la investigación.
Así, la incertidumbre persiste: ¿Fue este un simple error administrativo o asoma un patrón de uso inapropiado de relaciones políticas para lucrarse dentro del Estado? La Procuraduría continúa su examen mientras la ciudadanía exige transparencia y ejemplaridad en quienes están llamados a servir.
