Cortesía: Cuenta de X Procuraduría General de la Nación
¿LA INSTITUCIONALIDAD EN JAQUE?
Un país en tensión.
Este jueves 19 de junio, en Bogotá, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó una afirmación que reverbera en medio de la crisis política y social que atraviesa Colombia: la institucionalidad colombiana está puesta a prueba, pero ha dado muestras de su solidez.
La ceremonia de instalación del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral fue el escenario elegido para lanzar esta declaración, justo cuando cuestionamientos sobre la autonomía de los poderes públicos cobran fuerza entre la ciudadanía y sectores políticos. Los nervios están a flor de piel, y la estabilidad democrática parece tambalear frente a decisiones controvertidas.
La polémica gira en torno al Decreto 0639 de 2025, firmado el pasado 11 de junio por el presidente Gustavo Petro, que llamó a una consulta popular para definir el futuro de la reforma laboral. Esta convocatoria llegó pese al desacuerdo explícito del Senado, manifestado apenas el 14 de mayo, y desató acusaciones de extralimitación en las facultades presidenciales. La oposición no dudó en denunciar un riesgo para la separación de poderes, piedra angular del sistema democrático colombiano.
Durante su intervención, Eljach insistió en la importancia de respetar tanto a las cortes como al Congreso para asegurar la transparencia y legitimidad de la próxima consulta. No dejó pasar la oportunidad para recordar que en un Estado social y democrático de derecho no se puede ignorar la voz del sector privado y empresarial, actores esenciales y partícipes de la comunidad colombiana, que deben ser tenidos en cuenta en las decisiones trascendentales.
El clima de desconfianza se intensifica, pues además de la opinión pública, gremios empresariales y observadores internacionales observan con recelo el posible desgaste de la división de poderes. Destaca en este sentido la postura del Consejo de Empresas Americanas, plataforma que reúne a más de cien compañías de capital extranjero, quienes advierten sobre el impacto que estas tensiones podrían tener en la estabilidad económica y social del país.
En este escenario convulso, la pregunta queda flotando en el aire: ¿Cuánto resistirá la institucionalidad ante las crecientes controversias políticas? Y más aún, ¿podrá Colombia mantener el equilibrio democrático que parece estar en entredicho?
